13 de Enero del 2005 
Según estudio que revisó política habitacional de últimos 20 años

Vivienda social no crece pese al sostenido desarrollo económico del país

por Lino Solís de Ovando G.

Actualmente si uno habla con la gente del Ministerio de Vivienda, que hoy hace vivienda concursable, en privado te dicen que las viviendas no son mejores que antes, por eso mismo han dejado de producir a través del ministerio, y ahora eso se canaliza con las municipalidades...", dice Rodríguez. 

Informe realizado por la Corporación de Estudios Sociales y Educación (Sur), establece un espacio promedio de 34 metros cuadrados para la vivienda básica de las últimas dos décadas, así como un espacio de ocho metros cuadrados para los 4,5 habitantes promedio que deben sobrevivir en dicho tipo de construcción.

Las viviendas sociales emplazadas durante los gobiernos de la Concertación tienen un tamaño promedio de 36 metros cuadrados, similar al promedio exhibido durante los años 80, pese al exitoso crecimiento económico de los últimos años, según revela un estudio realizado por la Corporación de Estudios Sociales y Educación (Sur), que analizó los efectos de la política de vivienda básica que ha imperado durante los últimos 20 años en el país. 

La investigación, que estuvo a cargo de los arquitectos urbanos Ana Sugranyes y Alfredo Rodríguez, establece que si bien durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos las dimensiones de la vivienda social han crecido, pasando de 36 metros cuadrados a un promedio de 40 metros cuadrados, todavía la edificación mantiene las condiciones de hacinamiento para esta no menor porción de chilenos que deben habitar este tipo de construcciones.

Al mismo tiempo, el informe realizado por Sur calculó un espacio promedio de 34 metros cuadrados para la vivienda básica de las últimas dos décadas, así como un espacio de 8 metros cuadrados para los 4,5 habitantes promedio que están obligados a sobrevivir en dicha reducida construcción.

La metodología utilizada por este estudio, que fue expuesto en su oportunidad a la cartera del ex ministro de Vivienda y Urbanismo, y actual titular de Defensa, Jaime Ravinet, analizó 89 conjuntos habitacionales -un total de 202.026 viviendas- financiados por el Ministerio de Vivienda, entre 1998 y el 2001, y la aplicación de una encuesta a 1.700 residentes, llegando a la preocupante conclusión de que ‘’la satisfacción por la casa propia, tan anhelada, se desvanece rápidamente en el transcurso de los dos o tres primeros años de morar en la vivienda’’.

Al mismo tiempo, el estudio concluye que ‘’el 64,5% de los usuarios quiere “irse de la vivienda’’, ‘’el 90% siente miedo y vergüenza de su barrio’’, y que el emplazamiento de las poblaciones con viviendas sociales coincide con las zonas que concentran la mayor tasa de denuncia de violencia intrafamilar en Santiago. Pero, ¿qué explicaría tal decepción?

A juicio de Alfredo Rodríguez, director de la Corporación SUR, y miembro del directorio del Colegio de Arquitectos, antes de detallar las razones que a su juicio explicarían el actual escenario caótico de los con techo en Chile, ‘’es importante reconocer que durante los gobiernos de la Concertación ha disminuido el déficit habitacional, ya que en los últimos 15 años se han construido casi dos millones de casas en un país que tiene ahora 15 millones de habitantes’’.

Sin embargo, Rodríguez es conciente en sentenciar que ‘’la producción masiva ya no puede continuar’’.

‘’Actualmente si uno habla con la gente del Ministerio de Vivienda, que hoy hace vivienda concursable, en privado te dicen que las viviendas no son mejores que antes, por eso mismo han dejado de producir viviendas a través del ministerio, y ahora eso se canaliza a través de las municipalidades... La cosa es bastante clara: hay empresas y constructoras que organizan la demanda. Y la gente es tratada como cliente de acuerdo a lo que están pagando. El sistema de la vivienda social en Chile está extremadamente mercantilizado’’, reflexiona Rodríguez.

Repunte de este mercado

Para 2005 se prevé un repunte del mercado de la vivienda social. Socovesa, por ejemplo, anunció que invertirá US$36 millones en la edificación de estas casas en Rancagua, Temuco, Puerto Montt y Chiloé. Serán cerca de 2.600 viviendas a un costo unitario inferior a las 1.000 UF. Al mismo tiempo, la compañía Guillermo Pérez Rivera inició la construcción del proyecto "Mirador de Puerto Varas", un conjunto de 1.300 viviendas ubicadas en Llanquihue y que representan una inversión de US$28 millones. La empresa también tendría proyectos en La Serena y Concepción. Finalmente, la ex Copeva y actual PY, sumará una serie conjuntos inmobiliarios en La Serena, Coquimbo, Concepción y Talcahuano -viviendas cuyos precios fluctúan entre 600 UF y 1.200 UF- a los que ya marchan en Pudahuel, Puente Alto, Peñalolén y Quilicura.

‘’El sistema ha llegado a un tope, porque ha funcionado bien. Si el subsidio no hubiera funcionado como un buen mecanismo de financiamiento de la vivienda, no tendríamos estos problemas. Lo que corresponde ahora es dar un paso más, y evitar que esta gran inversión que se realizó no se derroche. En vez de seguir pensando sólo viviendas nuevas, habría que fijarse en el estado en que está el actual stock y tratar de mejorarlo. Eso ha ocurrido en todos los países donde ha habido alguna política de construcción masiva de vivienda social’’, advierte el experto.

Rodríguez considera que un buen modelo a seguir es el francés, donde había un sistema masivo de viviendas de alquiler moderado, y que actualmente está en proceso de rehabilitación.

Modelo inspirado en la Escuela de Chicago

El estudio de Rodríguez y Sugranyes rememora que el nacimiento de la política de viviendo social se produjo a fines de los años 70. Bajo el auspicio de la política económica de la Escuela de Chicago, el Ministerio de la Vivienda creó el sistema enlazado de subsidio-ahorro-crédito. Un sistema que aseguraba la participación de los privados en la construcción de viviendas. Este modelo de financiamiento fue excepcional en América latina, ya que combinaba la tradición de intervención estatal con la protección al mercado habitacional.

‘’La respuesta privada fue rápida. Durante la crisis económica de inicio de los años 80 los empresarios compraron grandes paños de terreno en lo que era entonces la periferia de Santiago. Estas reservas de terrenos fueron la garantía de funcionamiento del sistema y hoy por hoy son una señal de agotamiento del mismo, ya que su condición de periférica cambió y el aumento de su valor de suelo, durante los años 90, dejó de ser económicamente viable para la construcción de viviendas sociales, por lo que las grandes constructoras han redefinido la localización de la vivienda social, fuera del Gran Santiago.

"Desde 1985, el Estado chileno ha centrado su política de financiamiento habitacional en la disminución del déficit acumulado, y lo ha logrado. La reducción del déficit se ha dado con tasas de construcción similar a la que conocieron los europeos después de la Segunda Guerra Mundial, a razón de la construcción anual de diez viviendas por cada mil habitantes’’, añade el informe.

No obstante, como ya hemos dicho, después de más de 20 años el objetivo de reducir el déficit ya no es suficiente. El mayor déficit se da ahora en la calidad de vida de los conjuntos de viviendas social. Un problema que otros países han conocido, especialmente los europeos, y han sabido superar.

‘’En Chile, las posibilidades de formular una política de mejoramiento del parque acumulado aún son remotas. Uno de los mayores obstáculos que impide innovar y proponer alternativas es que el modelo de producción de viviendas sociales en Chile está aprisionado en un mercado cautivo con protagonistas plenamente satisfechos. Las bases de entendimiento entre el Estado que financia y pocas empresas que producen sin riesgo, son perfectas: el Minvu otorga subsidios, asigna las viviendas a quienes han postulado, y las empresas construyen y, al final del año, el Estado les devuelve el 31 por ciento del IVA de los costos de construcción’’, sentencia Rodríguez y Sugranyes.

-Usted acaba de ser elegido miembro del directorio del Colegio de Arquitectos. Dentro de ese mundo donde el debate forma parte importante de su quehacer, ¿qué lugar ocupa el tema de la vivienda social?
-Hay algunos intentos de arquitectos nacionales de ampliar la vivienda social –afirma Rodríguez-, como el proyecto Elemental -desarrollado por la Universidad Católica (UC) en conjunto con el Harvard Design School y el Harvard University David Rockefeller Center for Latin American Studies-, sin embargo, es una experiencia muy aislada, excepcional. El problema para mí es más complejo. El tema no se resuelve trayendo a los mejores arquitectos del mundo. Así no es. No es sólo un problema de arquitectura. Segundo, pensar en la ampliación me parece muy bueno, pero también habría que preocuparse, particularmente porque les importa mucho a los pobres, del lugar en que los colocan. Todos los estudios antropológicos que hablan de este tipo de problemática destacan, curiosamente, que esta gente añora los antiguos campamentos. Uno de esos motivos es porque tenían una organización. La actual violencia intrafamiliar que se vive hoy en las poblaciones donde hay vivienda social, antes tenía mecanismos para ser frenado, a través de los cuales se resolvían o se solucionaba. Ver que la problemática de la pobreza se soluciona a través de la entrega de una vivienda, más o menos ingeniosa, es quedar donde mismo.

-La actual vivienda social no permite la ampliación, sin embargo, la gente se las ha ingeniado para realizarlas. Pese a eso, la insatisfacción. ¿Qué ha pasado con la tecnología aplicada?
-La tecnología de la vivienda social en Chile es la misma desde hace 20 años. Esa es una de las conclusiones de nuestro estudio. Y eso pasa porque en este mercado las empresas de la construcción no necesitan mirar los aportes que desarrollan las ONG o las universidades. Tampoco han necesitado, ni el Ministerio ni los empresarios, abrir un debate sobre el costo social y urbano de esta producción masiva de viviendas sociales, que incluya los costos de localizar servicios y equipamiento en la periferia (no considerados en los proyectos de vivienda social), versus las ventajas que ofrecen las áreas ya consolidadas de la ciudad. Y, en general, tampoco hay en estas materias una crítica desde la arquitectura.

-Llama la atención que durante la vuelta a la democracia se achican las casas en primera instancia. A su juicio, ¿a la Concertación le juega una mala pasada su propio discurso social?
-Todas las políticas sociales tienen un sentido político ineludible. Por ejemplo, al inicio del gobierno de Aylwin había que dar una respuesta masiva, ya que durante muchos años de la dictadura se construyeron muy pocas viviendas, porque se temía que hubiera ocupaciones de terrenos, lo que traería la inestabilidad política. Sin embargo, ya a mediados de los 90 se comienzan a vislumbrar problemas urbanos por la masiva construcción de las viviendas sociales.