Corporación de Estudios Sociales y Educación
Santiago de Chile, miércoles 16 de octubre de 2019

La debilidad institucional del Minvu en el período post- terremoto. Por Alfredo Rodríguez. Arquitecto

Desde hace años, el objeto del discurso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo no son las viviendas o la ciudad, sino los subsidios habitacionales.

Como medida mediática ha sido eficaz, porque al momento del balance se suman peras con manzanas, subsidios otorgados de diversos tipos y montos; y como, por otra parte, en el imaginario público un subsidio otorgado ha pasado a ser una vivienda construida, no es necesario demostrar nada. Así, finalmente, la eficacia se mide por los subsidios otorgados y no por las viviendas terminadas.

En esta lógica, el Informe de Avance de Reconstrucción del Minvu de fecha 31 de julio del 2011 es autoelogioso al señalar que, a la fecha, se han entregado más 160 mil subsidios y se ha cumplido con el 61% de las metas. Pero si se separan los subsidios por tipos -los de construcción o compra de viviendas, de los de reparaciones menores- y a su vez los subsidios otorgados de los terminados, el panorama es diferente: a esa fecha, solo se habían terminado 3.613 viviendas, equivalentes al 4,9 % de los subsidios otorgados para construir nuevas viviendas. Esto en el plazo en que el Presidente había asegurado, en entrevista a F. Paulsen, que el gobierno habría entregado construidas 100 mil viviendas nuevas.

Según los tipos de subsidios otorgados, el Minvu priorizó la reconstrucción de las viviendas destruidas en los mismos lugares donde estaban (subsidios en sitio propio). Esta es un decisión razonable -mantener en lo posible a las personas afectadas en sus antiguos lugares, en sus propios sitios-, pero es de ejecución lenta, ya sea por los requisitos exigidos para la ejecución de los subsidios, por la diversidad de ocupantes de los sitios (propietarios, arrendatarios, con papeles, sin papeles) o por el escaso interés de las empresas grandes y medianas de participar en proyectos de construcción de viviendas dispersas.

Esta lentitud de operación es contradictoria con la imagen de la reconstrucción propuesta por el Presidente como un proceso muy rápido y ejecutivo, con miles de subsidios repartidos, metas a seis meses, miles de viviendas construidas, etcétera. Por otra parte, la reconstrucción en sitio propio es contradictoria con las intereses de las empresas constructoras, que operan con proyectos de gran número de unidades, lo que requiere que sean en sitio nuevo. Véase al respecto la crítica carta de la Cámara Chilena de la Construcción a la ministra Matte, solicitándole cambios en las modalidades de reconstrucción en la línea de producción masiva y deslocalizada (El Mostrador, 11/03/2011).

En los meses recientes cambiaron las autoridades del Minvu y, de acuerdo con las declaraciones recientes del nuevo ministro de Vivienda, hay un acercamiento a las propuestas de la Cámara: "Se eliminará la obligación de reconstruir en el propio terreno, mediante la entrega de un subsidio portable. Ello permitirá a muchas familias la posibilidad de adquirir una casa construida en otro lugar, vendiendo su sitio o accediendo a financiamiento adicional" (La Nación, 10-08-2011).
La intención de continuar con el modelo de subsidio a la banca y a la empresa inmobiliaria queda de manifiesto en las declaraciones del ministro de Vivienda y Urbanismo: "Para que se inicie el levantamiento de la vivienda escogida, se le dará a la constructora un adelanto, a través de una boleta de garantía, y el resto se le pagará cuando la obra esté terminada y la casa entregada. Dependiendo del terreno, las empresas podrían demorarse hasta tres meses en la construcción masiva de estos inmuebles" (El Mercurio, 11-08-2011).

Y persiste la vaguedad respecto de quién construirá en los sitios propios. En resumen, una propuesta razonable del Minvu, aunque de ejecución lenta -resolver el problema de viviendas destruidas de las familias damnificadas levantándolas en su propio sitio-, está siendo abandonada y reemplazada por la construcción masiva, uniforme, de viviendas de bajo precio y en la periferia de los centros urbanos.

Si bien la reconstrucción en sitio propio es lenta, tiene su lógica. Lo que no tiene ninguna lógica es la lentitud con que se ha manejado la situación de las así llamadas aldeas, que albergan a unas 4.300 familias, el 40% de las cuales no obtendrá subsidios para viviendas definitivas por diversos motivos, como ser familia unipersonal, no tener la Ficha de Protección Social, no tener certificado de damnificado, o tener otra vivienda. Esta situación demuestra un mal manejo técnico y, más aún, mal manejo político del problema de los damnificados. El ejemplo más claro fue la protesta de los damnificados de las aldeas de Dichato, en julio de 2011, que terminó en un enfrentamiento entre pobladores y carabineros –con corte de caminos y gases lacrimógenos lanzados contra las mediaguas- difundido por los medios en todo el país. El nuevo intendente resolvió el conflicto rápidamente: no solo ofreció subsidios a familias unipersonales, flexibilizando el resto de los requisitos y otorgando otros beneficios, sino que también prometió que, a más tardar en diciembre de 2012, estarían en sus viviendas definitivas (La Tercera, 27-07-2011).

La pregunta es, entonces, ¿por qué se dejó que una situación local que se pudo resolver tomando una serie de medidas razonables -como finalmente se hizo- se alargara hasta convertirse en un conflicto de enorme visibilidad en todo el país a través de todos los medios de comunicación? Esto es mal manejo político. Esta es mala gestión pública.

Es de esperar que la lección de Dichato acelere el proceso de solución de las aldeas; pero es muy probable que a las familias que residen en ellas en condiciones muy precarias, y que ya han pasado allí dos inviernos, les espere un tercero.
En un periodo en que las tareas de la reconstrucción han requerido una institución robusta, clara en sus objetivos y procedimientos, la labor del Ministerio en el primer semestre de 2011 aparece distraída en conflictos con autoridades regionales o en preparar defensas a interpelaciones del Congreso y de la Contraloría, y justificarse frente a la opinión pública. Lo que queda es una imagen de desorden administrativo por conflictos entre autoridades regionales y el Ministerio (caso Rysselberghe) y conflictos internos (casos Kodama, Matte, Iacobelli), que dieron por resultado las renuncias de la ministra, del subsecretario de la cartera y del director del Serviu Metropolitano, a las que se sumó la del encargado de la reconstrucción.

Lo más lamentable de esta situación es que invisibilizó los esfuerzos que el Minvu desplegó para poner en marcha la reconstrucción y el funcionamiento regular de los subsidios en el país. Pero, por otra parte, la sumatoria de hechos que constituyen esta situación -además de ser signos de mala gestión- con su espectacularidad también invisibilizan el modelo de reconstrucción que está aplicando el Gobierno, dificultando que sea examinado por la opinión pública.

En conclusión, la experiencia reciente del Minvu muestra que las irregularidades administrativas y los conflictos de interés como los que han tenido lugar los últimos meses, empañan cualquier tipo de aciertos. Entre ellos, el esfuerzo de institucionalizar la reconstrucción tras su manejo inicial por el Ministerio del Interior, aplicando las formas de operar del sector público, como planes urbanos a través de licitaciones públicas, concursos de subsidios, definición de áreas de restricción y de nuevas normas de construcción.

Documento completo del Barómetro de Política y Equidad en: http://www.fundacionequitas.org/descargas/barometro/barometro03-08.pdf

Fuente: Cambio 21, http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111109/pags/20111109180705.html



SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación
María Luisa Santander 0440, Providencia, Santiago de Chile. 
Código postal: 7500833
Teléfonos: (56-2) 23 411 050, (56-2) 22 696 311, (56-2) 22 691 974

ALOPACCION   HIC                               

 

webmail      Stats