Corporación de Estudios Sociales y Educación
Santiago de Chile, sábado 19 de octubre de 2019

¡No al desalojo en Frei Bonn!

El despliegue de fuerzas, la arremetida de las autoridades regionales, locales y sectoriales y la gran violencia policial desplegada para llevar el desalojo del Campamento Frei Bonn en Calama el pasado 30 de julio nos hacen mirar con gran preocupación el desempeño futuro y próximo de las medidas a tomar sobre los asentamientos precarios.

En contraposición a las políticas habitacionales en otros países de América latina, Chile se ha dado a conocer por su empeño en demostrar espacios de negociación y persuasión – por supuesto con mucha dosis de violencia sicológica y/o mobbing inmobiliario, llevado a cabo por el propio Estado en algunas ocasiones para erradicar y demoler asentamientos que ocupan propiedad fiscal o de terceros.

Más aun, en la historia de las tomas de terreno, callampas y campamentos, los casos de erradicación y/o
desalojos solían acompañarse de un reasentamiento en alguna solución habitacional – por supuesto con
condiciones de precariedad, por la lejanía en la periferia y la localización en grandes concentraciones
homogéneas de pobreza.

El tan famoso desalojo de Villa San Luis en la Comuna de Las Condes, en plena dictadura, se desarrolló con violencia, a punta de fusil, sacando a las familias hacia la periferia. Fueron más de mil familias, expulsadas de la excelencia de los departamentos de este gran proyecto de integración urbana, llevado a cabo por la Corvi durante el gobierno de Salvador Allende.

Ahora, 40 años después de este desalojo masivo y horrendo, las escenas en Calama, retransmitidas por
cadenas de televisión nacional, nos muestran una saña de violencia aún más grave: carabinaros, Gope, PDI con armas de fuego, cargando contra la población. Y las retro-excavadoras arrasando con todo, enseres, muebles, viviendas, servicios y centro comunitario, construidos por familias pobres, en su mayoría inmigrantes e indígenas, a la búsqueda de algún cobijo en una ciudad, donde la misma Casen (2017) reconoce que 30% de los hogares residentes en Calama viven en asentamientos precarios.

Rechazamos la violencia, que sólo genera violencia. Y denunciamos esta acción por su fuerte componente de xenofobia que afecta a niñas y niños, personas mayores y de condición diferente.

Denunciamos la violación del derecho humano a una vivienda adecuada.

Denunciamos a una autoridad que ha fracasado totalmente en dar respuesta a la demanda habitacional de sectores pobres, nacionales e inmigrantes, así como en prever medidas de migración humanitarias.

Llamamos a la constitución inmediata de una mesa técnica con todos los actores involucrados, empezando por las familias dejadas en la calle con lo poco que llevaban encima, para encontrar solución de pleno respeto a la dignidad humana. Apelamos por soluciones en un barrio transitorio con servicios de calidad y facilidades de transporte. Mejor aún, proponemos la producción de viviendas públicas que respondan a las demandas y capacidades de estos centenares de familias sin techo en Calama, así como a los centenares de miles de familias en situación de precariedad habitacional a lo largo de Chile.

¡Ni un desalojo más!

Comité Hábitat y Vivienda, Colegio de Arquitectos de Chile, 2 de agosto de 2019

 

 



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