El desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en América Latina ha ido de la mano del proceso de relativa democratización política regional (Viveros, 2015). En Chile, la sociedad civil organizada en diversas formas ha tenido una presencia histórica relevante, que puede remontarse desde la conformación de las "sociedades de socorros mutuos”. Los datos de las organizaciones de la sociedad civil registradas de manera formal desde finales del siglo XIX por el Registro Civil comprueban la existencia de estas agrupaciones, constituidas algunas en torno a la lucha por la ampliación de las libertades públicas (Ramis et al., 2013).
Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales tal como las conocemos hoy en el país tienen una historia reciente, estrechamente ligada al período dictatorial que se extendió entre 1973 y 1990. Como explica Viveros, "los ciudadanos organizados bajo formas no partidistas asumieron un papel protagónico en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de la justicia social desde los años de la dictadura militar” (2015:25), período en el que surgieron mayoritariamente las organizaciones más antiguas que forman parte de ACCIÓN. Es a partir de esa presencia que las organizaciones de la sociedad civil construyeron una legitimidad que las ha acompañado merecidamente hasta hoy. Este papel jugado en la reorganización de la sociedad democrática es, como sostiene Santibáñez citando a Bengoa, el "capital moral” del movimiento no gubernamental chileno (Santibáñez, 2016:33). Es la "fuente de legitimidad primigenia del segmento de OSC conocidas como ONG's de desarrollo, defensoras de los derechos humanos y bienes públicos” (Valverde, 2016:11), que es la noción precisa de organización social a la que se alude en este diagnóstico.
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