De la libertad

José Bengoa
Universidad Academia de Humanismo Cristiano
jbengoa@academia.cl

Me han solicitado que reflexione sobre la libertad, quizá uno de los conceptos más altisonantes del hombre moderno —libertad, libertad querida, canta la Marsellesa— y una de las palabras más confusas. Se muere por la libertad. Las personas se enorgullecen de ser libres; de ser librepensadores. Y los pueblos son orgullosos de su libertad. Es un término polisémico, que se ha llenado de contenidos complejos y contradictorios. Los ácratas lucharon por su libertad, los liberales se preciaron de haberla atrapado, los líderes de nuestras ya no tan jóvenes naciones creyeron haberla logrado. ¿Cuál es la libertad de los modernos? ¿De qué libertad podemos y debemos hablar?
El liberalismo es un acto de confusión histórica. Y en particular el neoliberalismo, que ha creído poseer el monopolio de la libertad, la aprisionó en el estrecho marco del comercio —ni siquiera en el conjunto de la actividad económica— y la manipuló reduciéndola a un fetiche. Libre comercio es la traducción liberal de la libertad. La libertad del más fuerte, frente a la sumisión del débil, del económicamente débil.
Porque de la libertad que queremos hablar es aquel proceso, complejo y tortuoso, por medio del cual el ser humano, mujer u hombre, blanco, mestizo o indio, niño, adulto o viejo, se va transformando en un sujeto de derechos. La libertad así entendida es la plena realización de los derechos humanos —que son de carácter universal e indivisibles— en sus dos dimensiones fundamentales: los derechos civiles y políticos que garantizan la libertad del ciudadano, y los derechos económicos, sociales y culturales que establecen la garantía de dignidad del ser humano. Si no existiese —aunque fuese potencialmente— la garantía de realización de estos derechos, no existiría la capacidad mínima del ejercicio de la libertad. Los pueblos y seres humanos en que se violan los derechos fundamentales, sean éstos políticos o económicos, no gozan de libertad y tienen el derecho a luchar por ella, porque su pleno gozo es inherente a la institución humana.
La lucha por la libertad ha sido una larga caminata de construcción de la ciudadanía. De súbditos a ciudadanos. El ciudadano es el sujeto de derechos, el súbdito es solamente objeto de las migajas del poder, de su graciosa concesión, de la misericordia del rico y poderoso. Por cierto que Hegel nos enseñó que el siervo, en su temor al poder, podía construir sus propios espacios de libertad; pero eso suele ser la libertad en el rencor, la libertad en la resistencia y la libertad que finalmente se resuelve en la rebelión de los esclavos. Así ha sido la historia.
La historia de Chile, como la de muchos otros países, puede ser analizada como un largo y tortuoso proceso en pos de la libertad. Digo difícil y tortuoso, porque nadie podría afirmar que es un proceso que se haya completado. Más aún, trataré de sostener que es un proceso pendiente, un camino colectivo inacabado; y que si bien en algunos momentos de nuestra vida colectiva ha florecido la libertad, también han existido largos períodos de retroceso, en que se ha impuesto la libertad de los pocos, la plutocralibertad, la libertad del comercio frente a la esclavitud de los muchos. La pobreza no es otra cosa que la denegación de todos los derechos humanos, no sólo los económicos sino, al mismo tiempo, los de carácter político. La ciudadanía no se pierde únicamente al perder el pasaporte, sino también al no tener espacio para desplegar las capacidades humanas.
La comunidad de desiguales
La diferencia principal de nuestra sociedad —la chilena— con otras sociedades, y quizá un rasgo fundante de ella, está en la ausencia primigenia de una comunidad de iguales. La comunidad indígena, que era una comunidad de iguales, fue destruida por la conquista y la colonia. Fue reducida a pueblos de indios, luego aniquilada en el siglo diecinueve en la zona central; y finalmente, en el sur, en pleno siglo veinte, reducida a guetos indígenas denominados reservaciones o reducciones. A diferencia de Europa, Asia y otros países de América Latina, no existió en nuestro origen fundacional la comunidad rural afincada en lazos familiares y de parentesco; y sobre todo a diferencia de Estados Unidos, no existió la “comunidad salvífica”, la comunidad de hombres y mujeres, peregrinos, que habían buscado en el nuevo mundo el espacio de salvación.
Ante la ausencia de la comunidad de iguales, a partir del siglo diecisiete se construyó en Chile la comunidad de desiguales, la hacienda. De manera discursiva, pero con algo misterioso de realidad, se la denominó, una familia. “Somos como una familia”, dijeron los hacendados, y llamaron “niños” a los inquilinos, los protegieron y los golpearon, y a sus mujeres las amaron y despreciaron. La comunidad fundante en la zona central, la que da origen a la nacionalidad y al Estado, es de desiguales. La desigualdad está en el origen de nuestra constitución como sociedad.
El liberalismo en Chile fue señorial y, por tanto, incapaz de conjugar el concepto de libertad. El caballero de apellidos era liberal en lo económico y conservador en lo social, y transmitió esa herencia al Estado moderno. Liberal en cuanto a libertad de comercio, y profundamente autoritario en lo político, social y personal cotidiano. El liberalismo fue incapaz de romper la servidumbre, y ni siquiera la criticó. Fue una superficie de liberalidad incapaz de calar en lo profundo de la sociedad tradicional y transformarla.
La comunidad de desiguales no constituía una sociedad de derechos. Era un mundo dominado por la arbitrariedad del señorío. En la hacienda Pullalli se recuerda hasta el día de hoy al patrón de apellido Irarrázabal, que desde un amplio balcón del segundo piso de su casa, que hasta hace pocos años podía verse en medio de un gran parque, lanzaba regalos de Navidad a sus inquilinos agrupados en el patio varios metros más abajo. A diferencia de este patrón extravagante, el buen patrón bajaba al patio y compartía con los siervos ese momento de alegría, asistía a la misa del gallo y bebía con ellos el chocolate caliente.
Este imaginario de sociedad ancestral no se ha perdido en Chile; sigue siendo el subconsciente colectivo y, en particular para algunos sectores dominantes, el modelo de decencia, orden y normalidad al cual deberían adecuarse dominantes y dominados, señores y siervos.
Entre la comunidad y la ciudadanía
La existencia de este modelo sociocultural en los siervos, particularmente, es lo que ha frustrado en Chile el desarrollo de una sociedad civil fuerte, una sociedad de derechos, con conciencia de derechos y exigencia de ellos. Allí creemos que se encuentra la razón de esta carencia.
La liberación de los siervos, fenómeno relativamente reciente en la historia chilena, e inacabado, condujo a la construcción de falansterios o sociedades de resistencia, comunidades cerradas, comunidades rebeldes de solidaridad, de mutualidad. No ha llevado a la autonomía de la sociedad civil. Es la larga y ancha historia popular chilena, desde las mutuales cerradas y las sociedades secretas de comienzo del siglo veinte en Valparaíso y las salitreras, hasta la “toma” de Peñalolén de los últimos años: ciudad perfecta, ejemplo de solidaridad y organización comunal interna, cerrada sobre sí misma, cercada por la sociedad y el Estado.
La sociedad civil se fundamenta en la conciencia y reconocimiento de derechos, y en la necesidad, por tanto, de límites a los poderes del Estado y los poderosos. En Chile, siguiendo la profunda tesis de Mario Góngora, primero fue el Estado, y la sociedad civil o no ha existido, o ha sido débil y embrionaria. Es por ello que la rebelión de los siervos, de los pobladores, frente a la propiedad privada, no los transmuta en sociedad civil actuante y sustentada, sino en comunidades de resistencia. Los jóvenes de las esquinas de las poblaciones pobres de Santiago no se organizan como ciudadanos, como sociedad civil, sujetos de derechos, sino como “comunidades”; y en la degradación ambiental urbana, como “tribus”, agrupaciones basadas en el afecto, la relación primaria, el parentesco. Es la unión ritual. La comprobación dramática y empírica, por ejemplo en el caso de las “tomas”, es que al momento de “resolverse” el problema —cuando se construyen las casas para el campamento—, la comunidad se destruye, ya que su razón de ser es la “resistencia al cerco”. No hay capacidad para transformarla en una organización de derechos, de ejercicio de la ciudadanía. Lamentablemente, cuando en la historia de nuestro país los siervos se liberan, no se transforman de manera automática en ciudadanos.
Chile y su historia pueden comprenderse en este proceso de liberación de su ancestro hacendal; un proceso de lucha por la libertad de la servidumbre y frustrada construcción de la ciudadanía. Las grandes utopías libertarias, la generación de fin de siglo y el Centenario, la generación del 27 y el Frente Popular, y la generación de los sesenta, han concluido en derrotas en que se ha impuesto el modo de ser conservador, autoritario y antilibertario. El camino de la servidumbre a la libertad ha sido varias veces transitado de regreso; retorno a la “pax hacendal”, al tiempo de la “comunidad de desiguales”.
Este retorno perverso se puede observar en dos fenómenos que afligen a la sociedad chilena actual: la cuestión indígena y la pobreza.
La negación de la ciudadanía
La cuestión indígena expresa el punto más alto de la negación de derechos y, por ende, de ciudadanía. La historia de las relaciones entre la sociedad y el Estado chileno, y los indígenas, es la historia de la intolerancia. Libertad y tolerancia son dos conceptos de tal suerte unidos, que su rechazo comporta la negación de la libertad (Locke). Se ha establecido allí una relación de dominación colonial, en que se niega el derecho a la autodeterminación de esos pueblos, uno de los derechos colectivos y constituyente de la libertad de las personas, según reza idéntico artículo tanto en el Pacto de derechos civiles y políticos, como en el de los derechos económicos, sociales y culturales. Es el principio primigenio de la libertad: el derecho de un pueblo a guiarse por sus propios pasos, con sus propias decisiones, de acuerdo a sus propios estatutos. La sociedad chilena les quitó a los indígenas la categoría de pueblo, arrebatándoles su libertad; y no sólo no ha sido capaz de otorgársela nuevamente, sino, en un acto vergonzoso, la ha rechazado en el Parlamento hace menos de un año atrás. Vergonzoso, porque se produjo la ausencia de los parlamentarios, lo que impidió el quórum necesario requerido por la ley. La cuestión indígena es el ejemplo, extremo quizá, de la ausencia de derechos y, por tanto, ausencia de libertad para un porcentaje considerable de la población.
Un tercio de la población del país se debate entre la pobreza y la miseria. Nelson Mandela señaló solemnemente que “la pobreza es la forma moderna de la esclavitud”. No se equivoca, ya que la miseria y la pobreza son la denegación de todos los derechos, y son consideradas hoy día como una forma extrema de violación, masiva y persistente, de los derechos humanos. Vaclav Havel señaló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que la carta de navegación y camino de la libertad no es ni más ni menos que la afirmación de la indivisibilidad de los derechos de las personas. Agregó en una frase profunda y críptica que lo que constituye al intelectual moderno es la lucha sin claudicaciones por la indivisibilidad, concepto fundamental. Y que, por cierto, quien vive en la miseria ve violados no sólo sus derechos económicos —el derecho al trabajo, a la salud, a la educación—, sino también sus derechos civiles y políticos, ya que su capacidad de ciudadanía se ve restringida a un grado extremo.
En Chile se vivió un largo período en que se intentó la constitución de la ciudadanía de los sectores populares, y quizá en un momento de la historia del siglo veinte se pudo considerar el esfuerzo exitoso. La reconstrucción conservadora de los años setenta y ochenta, y su continuidad en los noventa, ha conducido a clausurar los derechos ciudadanos de los pobres y a transformar a éstos en objetos de compasión. La política hacia la pobreza dejó de ser un asunto de ejercicio de los derechos y pasó a transformarse en un asunto ético. La sombra de los lazos primordiales hacendales se expandió por los valles transversales. El recuerdo de la comunidad de desiguales condujo nuevamente a los patrones —los nuevos patrones— a bajar del balcón del segundo piso de la casa hacendal y tomar un chocolate caliente la noche de Navidad. Los derechos al sueldo justo, a la alimentación adecuada, a la libertad de asociación y expresión, salieron nuevamente de las prioridades, y no pocas veces la autoridad ha entendido el reclamo como insolencia y el legítimo derecho como desafección y desagradecimiento.
Ciudadanía y tutelaje
La ausencia de ciudadanía o la ciudadanía incompleta, en Chile ha conducido al tutelaje. Las elites chilenas, al igual que en el tiempo de la “pax hacendal”, se autoasignan la misión de tutelar al pueblo. Es un imaginario de país en el que quienes poseen la riqueza, el dinero, los apellidos, y además son católicos de moral intachable —por cierto a sus propios y exclusivos ojos—, tienen el derecho (probablemente divino) de regir las conciencias de sus cohabitantes. Es una denegación permanente del ejercicio de la libertad de los otros.
La discusión histórica en Chile en torno al divorcio, la planificación de la familia y los asuntos ligados a la procreación y la sexualidad, son el ejemplo más contundente de la incapacidad de las elites de abandonar el tono y cultura hacendal; y de los inquilinos, de rebelarse. Antaño, el patrón, aconsejado por el cura, determinaba quién y con quién se casaba cada cual. Cien años después, un ilustre senador, agrario y del sur, de prosapia católica y conservadora, propone la bigamia con tal de no darles a los chilenos la libertad de vivir con quien quieran y puedan.
Por cierto que la “ciudadanía limitada” es y ha sido una de las características de más larga duración de la sociedad chilena. No sólo las mujeres estuvieron entre las últimas del mundo en “acceder” al derecho a voto, en un acto de flagrante denegación de la ciudadanía, sino que hoy no tienen derecho a tomar una píldora, decidir sobre su cuerpo, sus hijos, e incluso sobre con quién vivir su vida. En un acto de tutelaje histórico, el patronazgo masculino se siente con el derecho —y lo impone— de decidir por ellas y por el resto del país.
Las limitaciones a la ciudadanía social y política en Chile, y la consiguiente ausencia de libertad, no sólo se reflejan en amplios sectores excluidos de la sociedad, en la cultura de tutelaje, sino también —y esto es lo más grave— en la permanente reconstrucción de la “sociedad estamental”. La sociedad estamental es aquella que valora más el origen social de los individuos que sus méritos y que observa los fenómenos de movilidad social con desconfianza, motejándolos por lo general de “arribismo”. A la primera y breve oleada de democratización que se produjo en Chile en la segunda mitad del siglo diecinueve, principalmente con la llegada de migraciones extranjeras, se sucedió un proceso de restauración de la sociedad estamental que reinará con muy pequeñas críticas —“la cuestión social”— hasta bien entrado el siglo veinte. Entre los años 1924 y 1938 se hizo frente a diversas visiones autoritarias de la libertad, y se abrió un período en que la ciudadanía llegaría crecientemente a amplios sectores de la población. La generación intelectual y política del 27, la generación de la revista Claridad, la de Neruda y Allende y tantos más, tuvo en su ideario la ruptura del patronaje tutelar. Diversos procesos de alta complejidad histórica condujeron a desgastar el programa en los años cincuenta, volviendo a reinar la tutela militar patronal —por cierto, renovada— entre los años 52 y 64. En esos doce años de interregno se debatió la tendencia a la democratización con aquella tradicional en la sociedad chilena. Muchos de los antiguos liberales se habían fundido con la oligarquía rural, los nuevos industriales buscaron refugio en la renta de la tierra y los antiguos coroneles del ruido de sables también eran servidos por inquilinos en su hacienda de Linares. En menos de una generación se mostraba la capacidad de cooptación de la vieja clase patronal. Cooptó a su sistema y método, primero a los extranjeros llegados a las minas y el comercio; cooptó a los enriquecidos y librepensadores salitreros; cooptó a los revolucionarios de los años treinta —no a todos, por cierto—, a los coroneles que habían despachado las leyes laborales en una noche de presiones indebidas y amenazas de cuarteles. Había cooptado incluso a numerosos laicos, radicales seducidos también por el poder tradicional y su forma tutelar de ejercerlo.
La generación de los sesenta, siglo veinte, vino a dar un nuevo, corto y puntual impulso a las perspectivas libertarias. Quizá su carácter desaforado, y en particular la adscripción popular que logró, llevaron a dar un verdadero salto en la conciencia de los derechos ciudadanos. Se rompió formal pero no realmente, el principal sistema de servidumbre de nuestra historia, el inquilinaje, y se dieron importantes, aunque confusos, pasos hacia una sociedad de mayores libertades.
Lo que siguió es conocido: una revolución restauradora reinstaló el sistema de tutelaje y llevó a la depreciación más baja de la ciudadanía en todo lo largo de la historia republicana. Se reconstruyó una sociedad estamental más parecida a la del siglo diecinueve que a la del siglo veinte, con las mismas tres características de ella: éxito económico, inseguridad social y elite autoconsciente de su misión tutelar. Al igual que en el período finisecular, la nueva oligarquía se transforma, al mismo tiempo y en un solo golpe de magia, en plutocracia (dueña de los negocios del país), clase política (dueña de los destinos del país), y clase religiosa (dueña de la moral del país). No es ni casualidad siquiera que se repitan los mismos nombres y apellidos y que el arzobispo Errázuriz vuelva a gobernar la Iglesia Católica con cien años de distancia. En un acto de perseverancia histórica, la sociedad chilena reitera todos sus fantasmas, limita sus potencialidades y coarta su libertad, jugando a lo que siempre ha sido, encerrándose en las rejas con puntas de lanzas que cercan sus fronteras. A pesar de que esas lanzas, como dijo José Donoso en una imagen brillante en que se unen la vieja hacienda con el país, están carcomidas por el orín, sueltas y rotas en su base y listas quizá para volverse en contra de quienes se sienten por ellas protegidos. Si la libertad consiste en desenrejar el país y hacer de esos fierros y lanzas instrumentos culturales, la tarea aún está pendiente. Es la tarea de los ciudadanos.