[PARA SABER]: Relatora Especial sobre la vivienda adecuada como elemento del derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho de no discriminación

Relatora Especial sobre la vivienda adecuada como elemento del derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho de no discriminación a este respecto

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21544&LangID=S

Sra. Leilani Farha

Santiago de Chile, 28 de abril de 2017

Quisiera agradecer al Gobierno de Chile por su invitación y apertura para compartir información y discutir una serie de temas relacionados con el derecho a la vivienda. Me reuní con funcionarios del gobierno en todos los niveles y sostuve conversaciones constructivas y sustanciales. Agradezco también al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la Corte Suprema, la Cámara de la Construcción de Chile, a la sociedad civil, a organizaciones de base y comunitarias, defensores, abogados e investigadores que dedicaron tiempo y esfuerzo a reunirse conmigo para ayudarme a comprender mejor la vivienda en el contexto chileno. Agradezco especialmente a quienes viajaron desde lugares que no pude visitar. Estoy profundamente agradecida a los residentes, incluyendo a aquellos en campamentos, que me invitaron generosamente a sus hogares y organizaciones, y que fueron valientes al compartir sus experiencias personales.

Mi declaración hoy incluye impresiones y recomendaciones preliminares que espero contribuyan a un proceso de diálogo constructivo hacia la implementación del derecho a una vivienda adecuada en Chile. Mi informe final, que será presentado al Consejo de Derechos Humanos en su 37ª reunión en marzo de 2018, en Ginebra, abarcará una gama más amplia de temas.

1. Introducción

En mi evaluación hay dos características centrales que definen el sistema de vivienda de Chile: su mercado privado, el enfoque de la adquisición de viviendas y la consiguiente segregación de grupos vulnerables particulares. Estas dos características están interrelacionadas y no han contribuido a combatir las desigualdades existentes.

Chile es conocido como una de las economías más mercantilizadas y privatizadas de la región. Esto se remonta a la introducción del neoliberalismo y libre mercado durante la dictadura militar (1973-1990). La economía de Chile sigue basándose en este modelo económico, particularmente en el sector de la construcción de viviendas, que representa el 3,2% del PIB del país. Dicho en otras palabras, todos los aspectos del sistema de vivienda, incluso para los grupos de ingresos más bajos, parecen basarse en la ausencia del Estado excepto como financiador, con la vivienda vista sólo como un activo o mercancía. Esto deja como actores principales a las constructoras y promotoras inmobiliarias privadas, y convierte en consumidores a los titulares de derechos.

Este paradigma dominante se refleja estructuralmente en la Constitución con su enfoque en los derechos de propiedad y también se expresa a través de los subsidios a la vivienda, las leyes relativas a los alojamientos de alquiler e incluso al trato que se da a los pueblos indígenas, los migrantes, las personas mayores, los mujeres jefas de hogar y las personas en situación de calle.

El enfoque cuantitativo de la política de vivienda de Chile ha dado como resultado un cambio positivo, con grandes segmentos de la población transformándose en propietarios con seguridad de tenencia que puede ser heredada a sus hijos, pero ha tenido resultados cualitativos perjudiciales para muchos. Los grupos vulnerables que carecen de los recursos financieros para competir en el mercado, en gran medida han sido expulsados físicamente de los centros urbanos: aislados, marginados y estigmatizados por su pobreza, a menudo habitando viviendas sumamente inadecuadas.

2. Algunos aspectos positivos

Aunque los derechos económicos y sociales siguen siendo subsidiarios de los derechos civiles y políticos en el panorama jurídico chileno, me complace saber que la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia ha sido creada, y que su cometido consiste en promover y coordinar políticas públicas en materia de derechos humanos. La Subsecretaría se encuentra en pleno desarrollo del primer plan nacional de derechos humanos que, sin duda, desempeñará un papel esencial en los próximos años. Chile también cuenta con un Instituto Nacional de Derechos Humanos independiente que realiza importantes investigaciones sobre el derecho a la vivienda y promueve en su trabajo los derechos sociales y económicos, incluyendo el derecho a una vivienda adecuada.

Los grandes resultados que Chile ha alcanzado en el sector de la vivienda en los últimos 40 años no deben subestimarse, sobretodo teniendo en cuenta los aspectos más inclusivos de los últimos 15 años. Después de haber invertido miles de millones de dólares en el sector de la vivienda, Chile ha logrado manejar con éxito una parte importante de su déficit cuantitativo de vivienda. Éste es un logro considerable y Chile ahora cuenta con una tasa de propiedad de 64%. Sin embargo, sigue existiendo un déficit cualitativo de más de 1,2 millones de viviendas ya sea por necesidad de ampliación, acceso a servicios sanitarios o mejoramiento y conservación.

También se debe reconocer que el gobierno ha respondido a algunas de las debilidades del subsidio de adquisición de viviendas para los grupos vulnerables. Por ejemplo, me enteré de un programa de subsidios dirigido a integrar a la gente pobre en los lugares principales del centro de la ciudad; un requisito de que los edificios recién construidos reserven el 20% de las unidades para subsidios de vivienda social, y un nuevo subsidio para promover alojamientos de alquiler como una puerta de entrada a la adquisición de viviendas. El gobierno también ha adoptado algunas iniciativas para asegurar que las viviendas subvencionadas sean de mejor calidad y que unidades más grandes estén disponibles.

3. Principales áreas de preocupación

a. Subsidios de vivienda

El actual sistema de vivienda de Chile sigue basándose en un modelo que se desarrolló durante la dictadura militar. Esencialmente es un sistema de adquisición de viviendas basado en la demanda. Los residentes, incluidos los que son pobres, postulan a una unidad –cuyo tamaño y calidad se basan en el nivel de ingresos de los solicitantes– pagando una parte de su costo con ahorros personales (en promedio 400 dólares estadounidenses para los que se encuentran en el segmento de ingresos más bajos). El gobierno entonces cubre la diferencia en la modalidad de un subsidio, que representa hasta el 95% del costo total de la unidad. Los solicitantes de clase media necesitan contar con mayores ahorros y una hipoteca para ayudar a financiar el costo de la unidad, y el Estado paga un subsidio más bajo. Contratan a constructoras privadas para que edifiquen las unidades. Una vez entregada una unidad, los residentes de los grupos vulnerables sólo pagan los servicios públicos y se convierten en propietarios con la seguridad de la tenencia.

Debido a que las constructoras del sector privado están motivadas por el lucro, no han utilizado materiales de buena calidad y han construido sobre los terrenos más baratos que pueden comprar, que tienden a estar bastante alejados de los centros urbanos. Esto ha resultado en la segregación de los pobres hacia las periferias de las ciudades, desplazándolos de sus comunidades, sus lugares de trabajo y sus identidades como habitantes de la ciudad. Dentro de las ciudades, el impulso por la rentabilidad ha dado lugar a la mala calidad, edificios de gran altura y alta densidad. Los "guetos verticales", según se han denominado, que albergan a miles de inquilinos en una estructura gigante representan una planificación urbana y social no regulada y deficiente.

Me desanimó escuchar (a menudo de primera mano) que los subsidios a la vivienda –que expulsan a los pobres a los límites de las ciudades– han contribuido a la profunda estigmatización de las personas que viven en la pobreza. Muchos, incluso funcionarios del gobierno, me dijeron que quienes poseen recursos no quieren vivir al lado de los pobres. Esta discriminación profundamente arraigada contra los necesitados es un problema social que el gobierno debe abordar de inmediato a través de una mejor planificación urbana, mayores oportunidades para la democracia participativa y programas de educación pública.

b. Intereses inmobiliarios

La predominancia del sector inmobiliario puede observarse en muchas municipalidades de todo el país.

En Cerro Barón, en Valparaíso, visité una comunidad de la zona costera que actualmente está luchando contra una construcción de condominios de lujo. Un hospital emblemático fue demolido de manera irregular para dar paso al proyecto y, como resultado, los residentes de las inmediaciones han sufrido daños en sus estructuras, paredes y viviendas. Un agente urbanizador me dijo que la unidad más pequeña del complejo se vendería en 150.000 dólares estadounidenses, una suma completamente inasequible para la mayoría en Valparaíso, una ciudad con una alta tasa de pobreza. Las unidades están atrayendo a gente adinerada de Santiago como residencias secundarias.

En varias ciudades de Chile, el sector inmobiliario parece estar aprovechando la falta de regulaciones coherentes sobre el uso del suelo. En algunos casos, las constructoras han recibido permisos para erigir edificios en altura o complejos de apartamentos de lujo sin restricciones de altura o densidad, sin consultar a los residentes locales o vecinos, y sin tomar en cuenta las necesidades o el carácter de la comunidad.

c. Personas en situación de calle

Me preocupa la visibilidad de las personas viviendo en las calles en Chile y su relativa invisibilidad en términos de vivienda y política de desarrollo social.

Sobre la base de investigaciones preliminares, no existe claridad en cuanto al número de personas sin hogar, aunque un estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo Social a partir de 2011 indica que en ese momento había 12.250 personas sin hogar. Me parece que las causas estructurales de la falta de vivienda no han sido investigadas a fondo por el gobierno. También parece que actualmente no existe una política o estrategia nacional para prevenir, abordar o eliminar la situación de calle.

A no ser por un pequeño proyecto piloto dirigido a proporcionar viviendas de apoyo a un grupo de personas sin hogar, la carencia de vivienda no es tratada con un sentido de urgencia, prioridad o como un problema de derechos humanos. Al parecer son organizaciones benéficas que cargan la mayor parte de la responsabilidad sin la capacidad o el objetivo de ofrecer opciones de vivienda a largo plazo.

El trato de Chile a las personas sin hogar es sumamente inadecuado a la luz de la gravedad de las experiencias vividas: son una población olvidada. El compromiso de Chile con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular con la Meta 11.1, debería derivar en esfuerzos considerables para enfrentar esta violación significativa del derecho a la vivienda.

d. Asentamientos informales

Según datos de 2016, existen 660 asentamientos informales en Chile que albergan aproximadamente a 38.770 familias o unas 116.000 personas. Los "campamentos", como se les conoce, están presentes en la mayoría de las ciudades de Chile, aunque Viña del Mar parece tener el mayor número. El número de familias que viven en asentamientos informales ha aumentado en un 41% desde el año 2011. Los campamentos suelen estar construidos en terrenos públicos o privados, y técnicamente se inician como una "ocupación" de ese terreno por parte de un grupo de hogares (actualmente 8 o más). Quienes viven en los campamentos son los más pobres y más vulnerables. Me comentaron que la regularización (radicación o urbanización) de tales asentamientos, cuando es posible, puede tomar entre 5 y 15 años.

Muchos campamentos están formados por migrantes que simplemente no tienen otro lugar donde vivir a la luz de las restricciones a los inmigrantes de recibir subsidios de vivienda hasta que hayan residido en Chile durante tres años y se hayan convertido en residentes permanentes. Por ejemplo, me dijeron que en Antofagasta el 80% de la población de un campamento estaba compuesto de migrantes.

Más allá de los migrantes, muchas personas que residen en estos asentamientos habían solicitado inicialmente una vivienda subsidiada. Sin embargo, debido a largas esperas, la mala ubicación y calidad de dichas unidades y la falta de transporte hacia los centros urbanos, decidieron que vivirían mejor de manera informal más cerca de sus lugares de trabajo.

Las condiciones de vida en estos asentamientos se caracterizan por la falta de seguridad de la tenencia, el hacinamiento y la falta de servicios básicos, como el agua potable. Un estudio reciente reveló que el 15% de los residentes de campamentos viven en áreas de riesgo de desastre natural, antiguos rellenos sanitarios, áreas contaminadas y zonas asociadas a inundaciones e incendios forestales. Los residentes de campamentos me comentaron que no se les otorga una dirección oficial y, de esta manera, están excluidos de muchas prestaciones sociales.

Históricamente, los campamentos fueron sistemáticamente desmantelados y los residentes fueron reubicados a las periferias de la ciudad a través de subsidios. En la actualidad, sin embargo, cuando estos asentamientos se encuentran en terrenos públicos, parece que generalmente los gobiernos no se dedican a realizar desalojos forzosos. No obstante, cuando los residentes ocupan terrenos privados, pueden ser expulsados de las tierras si el propietario privado no está dispuesto a vender sus propiedades al Estado y/o presentar una orden de desalojo. No parece haber una política de reubicación establecida en tales circunstancias.

Me comentaron sobre el desalojo forzado de aproximadamente 300 personas en Iquique, en agosto de 2016 en el barrio Renacer en Alto Hospicio, de terrenos privados. Los testimonios reflejaron el trauma experimentado por algunos de los residentes de esta comunidad, incluyendo el hecho de que se les dejó sin agua, electricidad, alcantarillado u opciones de vivienda en un desalojo ejecutado con fuerte presencia de la policía y las fuerzas de seguridad. Por otra parte, las amenazas de un segundo desalojo parecen acechar a esta comunidad, sin claridad en cuanto al lugar donde serían reubicados.

1. Migrantes

En los últimos años, Chile ha vivido un aumento estimado del 200% en la inmigración, convirtiendo al país en uno de los destinos regionales de los migrantes1. Los migrantes provienen de varios países, particularmente de Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela y Haití.

Casi todos los migrantes hacia Chile experimentan diversas formas de discriminación en el sector de la vivienda. Los migrantes no pueden beneficiarse del programa de subsidio de vivienda hasta que hayan residido en Chile por al menos tres años y se hayan convertido en residentes permanentes. Esto no les deja más opción que alquilar en el mercado privado o residir en campamentos o en terrenos/edificios ocupados. La discriminación en el mercado del alquiler privado es desmesurada. He oído muchas historias de migrantes que se les niega alojamiento debido a su lugar de origen o que son explotados en el mercado de alquiler privado por los propietarios que realizan cobros excesivos. Dentro de los campamentos, los migrantes suelen experimentar violencia y hostilidad intercultural.

Las mujeres migrantes pasan un momento particularmente difícil, especialmente cuando no están "unidas" a un hombre. Las oportunidades de empleo son escasas, lo que significa que alquilar un apartamento es casi imposible. Dentro de los campamentos, las mujeres migrantes suelen experimentar violencia y algunas pueden recurrir a la prostitución para ganarse la vida.

f.  Pueblos indígenas

En su informe sobre Chile, el Relator Especial sobre la extrema pobreza dijo que "los derechos de los pueblos indígenas son el talón de Aquiles del historial de derechos humanos de Chile" y concuerdo con eso. Chile continúa rezagado frente al resto de la región en reconocer sus características interculturales, y los pueblos indígenas y sus culturas y formas de vida no siempre son vistas como una fortaleza. Los indígenas –que tienen casi el doble de probabilidades de ser pobres que el promedio en Chile– enfrentan estándares de vivienda más bajos como resultado de políticas y prácticas discriminatorias de larga data, la expropiación de sus tierras y la falta de una política indígena basada en los derechos que comience a abordar sus experiencias de desigualdad.

Mi misión expuso que los pueblos indígenas sufren condiciones de vivienda perjudiciales, como el hacinamiento, la precariedad de la tenencia y la falta de acceso al agua y la discriminación. Me molestó saber que a menudo los pueblos indígenas son reubicados en tierras que no son adecuadas para el asentamiento humano. Visité lo que solía ser el Vertedero Boyeco en Temuco donde ubicaron un gran basural en las inmediaciones de varias comunidades, creando un ambiente tóxico para los residentes y contaminación.

Me reuní con un número de representantes mapuches, pueblo indígena que comprende el 84% de la población indígena del país. Sus actuales condiciones de vivienda están directamente relacionadas con su expulsión y despojo de sus tierras tradicionales, para dar paso a la industria forestal patrocinada por el gobierno. Cabe señalar que el 75% de los pueblos indígenas de Chile vive actualmente en centros urbanos.

En teoría, los pueblos indígenas pueden aprovechar el programa de subsidios de adquisición de viviendas del gobierno en los centros urbanos. Sin embargo, existe una serie de obstáculos para acceder al programa. Por ejemplo, el subsidio requiere una prueba de título de propiedad del terreno que, como el gobierno sabe, es a veces imposible que los pueblos indígenas reúnan. Además, este programa no ha sido adaptado para satisfacer las necesidades culturales particulares de los pueblos indígenas.

Aunque efectivamente me enteré de dos programas rurales para ayudar a los pueblos indígenas (proyectos de viviendas rurales y de viviendas para machis), éstos son insuficientes para satisfacer las necesidades de los habitantes rurales indígenas. En particular, el predominio y la priorización de la industria forestal han desembocado en una grave falta de acceso al agua potable in situ para miles de habitantes de zonas rurales que, a su vez, se les proporciona el agua por medio de camiones.

g. Acceso a la Justicia

La Constitución de Chile no incluye el derecho a una vivienda adecuada. Protege los derechos de propiedad. Como resultado, existe poca jurisprudencia constitucional y litigios que reclaman directamente el derecho a la vivienda. Al mismo tiempo, la Ley de Reforma Constitucional N° 18.825, artículo 5, reconoce que todos los derechos incluidos en los tratados ratificados por Chile deben ser promovidos y respetados por el Estado. Considerando que Chile ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros tratados pertinentes como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tiene obligaciones internacionales en relación con el derecho a una vivienda adecuada y a la no discriminación a este respecto.

Unas pocas decisiones judiciales de instancias superiores en Chile se han basado en la interdependencia de los derechos, decidiendo, por ejemplo, que el derecho a una vivienda adecuada es esencial para garantizar los derechos enumerados en la Constitución, tales como el derecho a una familia, a la vida privada, a la seguridad personal, a la salud y a la vida. Una decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, por ejemplo, utilizó un recurso de protección para reconocer la obligación del Estado de desarrollar políticas públicas para garantizar el acceso a la vivienda con prioridad para los grupos vulnerables, independientemente de su ingreso o acceso a los recursos económicos. Si bien este tipo de decisiones son relativamente escasas, mi punto de vista es que su difusión y fortalecimiento de la capacidad de los jueces y abogados sobre los derechos económicos, sociales y culturales podría contribuir a mejorar el acceso a la justicia por el derecho a una vivienda adecuada en Chile.

Otro mecanismo que parece no haber sido explorado en todo su potencial es el uso de la Ley 20.609 de No Discriminación de 2012, en relación al sector de la vivienda, incluyendo los alquileres.

4. Algunas recomendaciones centrales

1.Sólo cuando la vivienda se considere como un derecho humano, y no como una mercancía, la gente más vulnerable de Chile podrá disfrutar de una vivienda adecuada. En este sentido, recomiendo:

a) el proceso de reforma constitucional debe completarse e incluir toda la gama de derechos económicos, sociales y culturales justiciables, incluido el derecho a la vivienda;

b) la Constitución reformada debe reconocer el carácter intercultural de la sociedad chilena;

c) la Constitución reformada debe reconocer explícitamente a todos los pueblos indígenas en Chile como un grupo protegido y debe garantizar sus derechos;

d) la Ley de No Discriminación (20.609), en particular los artículos 1 y 2, debe utilizarse de manera más coherente para abordar la discriminación en el mercado de alquiler privado.

2.El gobierno debe tomar medidas inmediatas para abordar la discriminación y la estigmatización de los que viven en campamentos, asentamientos informales y en las periferias de las ciudades, incluso mediante la aplicación de leyes contra la discriminación y campañas de educación pública.

3.El gobierno de Chile debe seguir diversificando su enfoque hacia la vivienda, asegurando que se centra en las necesidades cuantitativas, considerando mayores soluciones respecto al suministro para asegurar que los grupos más vulnerables se alojen adecuadamente lo antes posible. Debe también poner especial atención en garantizar la diversidad geográfica, cultural y social, fortaleciendo la adecuación cultural en sus programas.

4.Durante casi 40 años, el gobierno central sólo ha desempeñado un papel financiero con respecto a la vivienda para las poblaciones vulnerables. Recomiendo un papel más activo. En este sentido, el gobierno central podría:

a) llevar a cabo una encuesta exhaustiva sobre las necesidades de vivienda desglosada por comunidades marginadas: los pueblos indígenas, los migrantes, las personas de edad, las personas con discapacidad;

b) utilizar o poner a disposición para otros niveles de gobierno sus tierras (de forma gratuita o por debajo del valor de mercado) para la producción de viviendas sociales destinadas a las poblaciones prioritarias, como las personas sin hogar y los migrantes;

c) elaborar políticas fiscales que penalicen a las personas con terrenos vacíos y que aseguren que un porcentaje de los beneficios de los sectores inmobiliario y de la construcción se canalicen hacia el desarrollo de viviendas asequibles y adecuadas por parte del Estado;

d) proporcionar el marco legal necesario para permitir diferentes tipos de tenencia más allá de la propiedad individual, por ejemplo, viviendas cooperativas y otros modelos de propiedad comunitaria.

5.El Estado debe, a través de sus órganos administrativos, velar por la planificación urbana en todas las áreas urbanas, reglamentando efectivamente la construcción y el uso de la tierra, para evitar la especulación y el desarrollo de proyectos públicos o privados que no aseguren los elementos mínimos del derecho a una vivienda adecuada.

6.En consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Meta 11.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Chile debe adoptar inmediatamente una estrategia nacional para eliminar la falta de vivienda y fomentar soluciones de vivienda a corto y largo plazo para las personas sin hogar: hombres, mujeres, jóvenes y niños.

7.La ley de migración debe modernizarse de inmediato para proteger los derechos socioeconómicos de todos los migrantes. La legislación en materia de alquiler de viviendas también debe modernizarse para proteger mejor los derechos de los inquilinos.

8.Las condiciones de vivienda en los asentamientos informales deben ser atendidas inmediatamente para cumplir con los compromisos internacionales de derechos humanos. Como mínimo, se deben proporcionar servicios básicos incluyendo agua, saneamiento y electricidad a todas las comunidades asentadas en terrenos públicos. Las leyes deben ser reformadas para asegurar que dichos servicios estén a disposición de las comunidades en terrenos privados hasta el momento en que se resuelvan esas situaciones.

9.El gobierno nacional debe seguir proporcionando recursos para asegurar que todos los asentamientos informales se regularicen de manera oportuna. Ningún desalojo de tierras privadas se podrá realizar a menos que se cumpla estrictamente la normativa internacional de derechos humanos y a menos que se disponga de un alojamiento alternativo adecuado para todos los residentes.

10.El plan de acción de empresas y derechos humanos debe también enfocar el sector de la vivienda, incluyendo medidas que sirvan para regular por ejemplo la construcción, el uso del suelo y la provisión de servicios públicos.

*****FIN *******

Información sobre la visita

Por invitación del Gobierno de Chile, la Relatora Especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho de no discriminación a este respecto, Sra. Leilani Farha, visitó el país desde el 20 al 28 de abril de 2017. Agradece el alto nivel de cooperación que ha recibido del Gobierno Nacional, así como del Gobierno Regional y las Municipalidades con las que se ha reunido. También alaba a las diversas autoridades por su compromiso, interés y por compartir abundante información. La Relatora Especial también desea agradecer los aportes, los testimonios y las opiniones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias, así como de abogados y académicos.

Durante estos diez días de visita oficial, la Relatora Especial pudo visitar partes de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Temuco y Antofagasta. Se reunió con la Ministra de Vivienda y Urbanismo y altos funcionarios de su Ministerio, así como con representantes regionales (SEREMI y SERVIU). También se reunió con el Ministro de Desarrollo Social y altos funcionarios de este Ministerio, entre ellos el Director del Servicio Nacional de la Discapacidad. Se reunió con la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género y con la Subsecretaria de Derechos Humanos (dependiente del Ministerio de Justicia). Celebró una reunión con miembros de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado; el Presidente de la Corte Suprema; la Directora del Instituto Nacional de Estadística; el Director de la Oficina Nacional de Emergencias. La Relatora Especial también se reunió con el Director y el personal del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La Relatora ser reunió también con la Cámara Chilena de la Construcción.

Además, la Sra. Farha se reunió con Intendentes (autoridades regionales) de las regiones de Valparaíso, Araucanía y Antofagasta (V, IX y II, respectivamente), todos ellos acompañados por funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de otros Ministerios. También se reunió con la Alcaldesa de Viña del Mar y el Alcalde de Valparaíso, y con la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche en Temuco

La Relatora Especial también ha apreciado profundamente el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones y los grupos residentes en diversas partes de las ciudades que visitó. Se benefició de investigadores académicos, abogados, activistas y expertos con los que se ha reunido. Gracias a su interés y esfuerzos, la Relatora tuvo la oportunidad de recibir testimonios e información no sólo de residentes de las ciudades y pueblos que visitó, sino también de otros lugares, como Arica, Iquique y Calama.

 

La Relatora Especial desea agradecer a la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y a su equipo, así como al equipo de las Naciones Unidas en el país; y a la Oficina Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos por su apoyo en la planificación, preparación y realización de esta visita.

1 David Sirlopú, "Is multiculturalism a viable path in Chile? Intergroup and accumulative perspectives on Chilean society and Peruvian immigrants" (2013) 37 International Journal of Intercultural Relations 739-749, pág. 740 [Sirlopú].

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