Opinión: Los con techo: desafío para la política habitacional (por Alfredo Rodríguez, investigador del Centro de Estudios SUR)
La política de financiamiento de vivienda social del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha sido un éxito. Se han construido muchas unidades. Es un hecho indiscutible: en Santiago, el stock habitacional de viviendas sociales comprende alrededor de 202 mil unidades construidas entre 1980 y 2000 (incluido), lo que significa viviendas para casi un millón de personas.
También es indiscutible que ha habido mejoras en lo referido a sanidad y regulación legal de las propiedades. Persisten, sin embargo -y esto también es indiscutible-, graves problemas asociados a la pobreza, a la exclusión y a la pérdida de las redes sociales de quienes se trasladan a los nuevos conjuntos.
En palabras de los mismos pobladores, «la vivienda mejora la calidad de vida de las personas, pero los ingresos siguen siendo los mismos, las deudas y los gastos mayores, el barrio continúa igual o peor, el espacio de la familia se ha hecho más restringido».
Esta realidad, siendo evidente, no ha llevado a discutir ampliamente la política de construcción de viviendas desde la perspectiva de la calidad de sus productos y de sus impactos sociales y urbanos. Ni siquiera se ha discutido el sistema del financiamiento que la sustenta: la reciente condonación de deudas a más de 260 mil familias indica que algo no funcionaba bien en ese aspecto.
Punto de partida de cualquier discusión al respecto -y así lo planteamos en nuestra última publicación, el libro «Los con techo: un desafío para la política habitacional chilena»- es que hay indicios claros de que el problema habitacional ha cambiado.
Aunque el déficit cuantitativo se reduce anualmente y las autoridades del sector hablan del éxito de las políticas, los beneficiarios están descontentos: diversas organizaciones de residentes de conjuntos de vivienda social protestan o presentan demandas judiciales contra las empresas constructoras y contra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), por problemas relacionados con la calidad de las viviendas, de los servicios y del equipamiento de los conjuntos habitacionales en donde viven.
A ellos se agregan problemas sociales directamente vinculados a la producción masiva de viviendas sociales, como el incremento de la violencia producto de las misérrimas condiciones de convivencia familiar y social existentes en los conjuntos, y de su marginación de la ciudad.
HACIA EL BARRIO
En estas materias, la discusión se plantea erróneamente cuando se dice que, al decidir las opciones de política habitacional, hubo un dilema entre el número y la calidad, y que se optó por la cantidad. Al observar el diseño de la mayoría de los conjuntos habitacionales, se puede concluir que no hubo tal dilema.
La calidad nunca estuvo en juego. Los criterios que han guiado las decisiones sobre vivienda social no han sido de urbanismo, de arquitectura o de calidad de vida de los residentes. Ha predominado el financiamiento, el criterio mercantil, cuya expresión ha sido el mayor número de soluciones posibles.
Y si a comienzos de los noventa lo urgente era dar el mayor número posible de soluciones habitacionales, con el transcurso de los años la meta cuantitativa se convirtió en criterio de excelencia. Pero la vivienda social no es simplemente una mercancía que se produce y se vende en el mercado.
Una política habitacional orientada a responder a las necesidades reales de las familias de bajos recursos debiera considerar la oferta de un producto flexible, modificable, incorporado a la trama urbana y que dé acceso a las oportunidades que la ciudad ofrece; debiera contemplar la organización de los sujetos de la acción habitacional, para facilitar la construcción progresiva de barrios; debiera pensar el desarrollo urbano desde la perspectiva de la planeación estratégica y dinámica, más allá de la tradición regulatoria.
Tratar la casa como un mero bien de capital y su compra como una estrategia económica en el sentido restringido del término, haciendo abstracción de la trayectoria recorrida por aquellos que la habitarán, es simplemente despojarla de todos sus atributos históricos y simbólicos.
Las ampliaciones que hacen los residentes de las villas muestran la desesperación y audacia con que intentan responder a sus necesidades. Es una respuesta frágil, porque esa audacia y libertad no forman parte de las políticas sociales o habitacionales, que los excluyen como actores; tampoco forman parte de la agenda política, que hasta muy recientemente no los consideraba; y menos de los diseños de ingenieros, arquitectos y urbanistas.
No estamos, sin embargo, al final del camino; estamos en un punto de inflexión. Si se sigue haciendo lo mismo (aplicar una política de financiamiento de vivienda social sin considerar la participación y necesidades de sus destinatarios, la organización interna de los conjuntos y su inserción en la ciudad), los efectos se harán irrecuperables. Al contrario, si se reconoce que el stock existente es un problema, podemos decir que se ha cumplido una primera etapa: los sin casa tienen techo. La tarea ahora es hacer de ese techo una vivienda digna, y de los conjuntos, barrios integrados a la ciudad.
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