En Chile, la noción de violencia contra las mujeres suele estar asociada
a la violencia doméstica o sexual. Este enfoque invisibiliza la
violencia basada en género, vale decir, aquella que se sustenta en
relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres, y que opera
tanto en el ámbito privado como en el público. Así lo demuestran la
legislación existente y la institucionalidad nacional aplicadas para su
abordaje, que se han enfocado en la violencia intrafamiliar, dejando
fuera otras formas de violencia que se ejercen en el espacio público, u
otras que ni siquiera están tipificadas como delitos.
Uno de los aspectos críticos en materia de violencia de género en Chile
está así en el ámbito de las denuncias. En primer lugar, se encuentra la
no tipificación como delitos de muchas formas de violencia de género,
que así no quedan registrados como tales. A ello se agregan las
condiciones materiales y o materiales a las cuales se enfrenta la
víctima al momento de realizar las denuncias, como la falta de
privacidad o las humillaciones a que suele verse sujeta durante el
proceso, y su dependencia y vulnerabilidad respecto del agresor.
Otro aspecto crítico es la sensación de inutilidad por parte de la
víctima respecto del procedimiento judicial que se inicia con la
denuncia, que implica no solo acceso al sistema judicial, sino también a
resoluciones justas. Hoy, de las mujeres que denuncian e ingresan al
sistema judicial, un porcentaje muy pequeño logra que se sancione a sus
agresores: los casos denunciados que han ingresado al sistema judicial y
que reciben condena no superan en Chile el 10% del total.
Considerando tan solo los dos aspectos señalados, un avance en el ámbito
de la violencia de género como tema de política pública sería contar
con protocolos que normen la tipificación de las violencias de género,
el registro de las denuncias y la atención a las víctimas, y los
procedimientos que de ahí se abren hasta la sanción judicial.
Disponer de infraestructura adecuada en donde se reciba a las víctimas
que denuncian delitos es un factor de enorme importancia en una
aproximación con perspectiva de género al tema del tratamiento de la
violencia contra las mujeres como política pública. Una buena práctica
en estas materias es la desplegada en las Unidades de Atención
Especializadas para las Mujeres, UNI MUJER-ODAC, de la Policía Nacional
Civil de El Salvador. Estas Unidades cuentan con un espacio físico ad
hoc en el cual se atiende a las mujeres u organizaciones que denuncian, y
se les brinda asistencia legal, social y psicológica, más
representación legal, a efecto de ejercitar las acciones judiciales que
correspondan (http://www.pgr.gob.sv/genero/areasatencion.html).
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