El texto busca propiciar el debate acerca de la paradójica situación de las organizaciones comunitarias en Chile: su gran número, su enorme contribución y su escaso poder. Para ello recopila antecedentes y analiza cómo se ha ido desarticulando lo vecinal en el país y cómo se proyecta esta discusión de cara al plebiscito y la elaboración de una nueva Carta Magna.
Fuente: El Mostrador | 15 de septiembre de 2020
Un grupo de profesionales del Centro de Estudios Urbano-Territoriales (CEUT) de la Universidad Católica del Maule y de la Escuela de Líderes de Ciudad (ELCI) de Corporación SUR acaban de publicar un documento que recopila antecedentes y analiza cómo se ha ido desarticulando lo vecinal en Chile y cómo se proyecta esta discusión con miras al proceso constitucional.
Este material busca propiciar el debate acerca de la paradójica situación de las organizaciones comunitarias en Chile: su gran número, su enorme contribución y su escaso poder.
“El documento intenta interpretar el origen de esta situación, clarificar la responsabilidad de la Constitución de 1980 en ella y plantear propuestas de cara al plebiscito y al debate constitucional. Nos anima la búsqueda de caminos que permitan resituar a las organizaciones locales en la vida pública nacional: ubicarlas nuevamente en el mapa del poder”, explicó el director del CEUT, Francisco Letelier.
Según un estudio elaborado por el proyecto Sociedad en Acción, del Centro de Políticas Públicas UC y la fundación Chile + Hoy, en el país existen más de 319 mil organizaciones de la sociedad civil inscritas, de las cuales un 80% corresponden a organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos o uniones comunales.
Sin embargo, en la práctica han ido perdiendo injerencia en la toma de decisiones. Al respecto, Letelier sostuvo que “el objetivo ha sido sacar del juego del poder a las comunidades”.
“Organizaciones comunitarias empoderadas, articuladas y reconocidas son capaces de intermediar entre los problemas de la vida cotidiana y las estructuras de decisión. Son un puente entre las personas y el Estado, y son capaces de hacer contrapeso a otros poderes. Comunidades debilitadas y fragmentadas son fácil presa del clientelismo; no son capaces de participar en los asuntos públicos, quedan recluidas en su metro cuadrado, intentando resolver problemas muy específicos o simplemente se convierten en espacios de encuentro y convivencia de pequeños grupos”, analizó el sociólogo.
Uno de los grandes aportes del documento publicado por los investigadores del CEUT y la ELCI es una línea de tiempo que resume los principales hitos que han marcado la historia de la legislación sobre organizaciones comunitarias en Chile, desde la promulgación de la primera ley de juntas de vecinos en 1968 hasta nuestros días.
La coordinadora de la ELCI, Patricia Boyco, afirmó que “todo lo que sucede después de 1973 con las organizaciones contrasta con un discurso permanente de la importancia de las comunidades, de las dirigencias y las organizaciones sociales, etcétera. En lo jurídico se hacen desaparecer y en el discurso político se enaltecen: recordemos las loas que reciben en el ‘Día del Dirigente y Dirigenta Nacional’”.
La antropóloga añadió que “para que la participación no sea un mero concepto retórico, la democracia y la solidaridad deben reponerse en el ethos de las personas y la sociedad. Y si la Constitución no es otra cosa que la manera en que está organizada la sociedad, ella debe recuperar el principio comunitario. La sociedad debe avanzar hacia formas de vida más democráticas y colectivas; y este impulso empieza en los territorios”.
En la misma línea, Letelier comentó que “hasta 1973 las organizaciones de la comunidad venían consolidando su participación en el ordenamiento institucional. Tenían un poder importante para representar a los ciudadanos y ciudadanas y para ser contraparte activa del Estado. Este gran pacto se terminó bruscamente con el Golpe de Estado y el texto constitucional de 1980 legalizó la salida del mundo comunitario del mapa del poder en Chile”.
Por esta razón, los autores consideran que este debate es fundamental a la hora de elaborar una nueva Carta Magna. “Lo primero es que la Constitución reconozca a las organizaciones locales como un eslabón fundamental de la democracia y les garantice el derecho a participar de los asuntos públicos”, recalcó Letelier.
Asimismo, Boyco agregó que “territorios más robustos en materia de participación deliberativa aportarán más y mejor a la calidad de la democracia en el país. Reconocer esto es una forma de afirmar la continuidad con la historia de las organizaciones comunitarias en Chile. Ello implica simultáneamente que se considere el fortalecer y garantizar la autonomía municipal”.
Finalmente, Letelier expresó que “hay muchos temas importantes en el ámbito del reordenamiento del poder: terminar con el presidencialismo, dar poder a las regiones, fortalecer a los gobiernos municipales, etcétera, pero nos parece que es indispensable partir desde la base de la democracia: desde las comunidades organizadas. Si esto no se compone, el edificio no quedará firme”, concluyó el académico de la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas (FACSE) de la Universidad Católica del Maule.
Los autores de esta publicación son Francisco Letelier, Javiera Cubillos, Juan Pablo Paredes y Verónica Tapia, del CEUT, y Patricia Boyco y Tamara Jeri, ambas de Corporación SUR. El documento se puede leer íntegramente en el sitio web de la ELCI
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