Corporación de Estudios Sociales y Educación
Santiago de Chile, martes 20 de agosto de 2019

Barómetro de política y equidad: Octubre 2011. Nuevos actores, nuevas banderas

 


Barómetro de política y equidad: Octubre 2011. Nuevos actores, nuevas banderas

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http://www.fundacionequitas.org/descargas/barometro/barometro03.pdf

ÍNDICE

Política
Tocando fondo. Protesta ciudadana y desconcierto gubernamental


CAPITULO II

Economía
La política económica en el 2011: reconstrucción abortada


CAPITULO III

Política Social
Política Social: de las reformas continuistas a la rebelión contra el modelo


CAPITULO IV

Educación Superior
La crisis del sistema de educación superior chileno y el ocaso del modelo neoliberal


CAPITULO V

Género
Agenda de género: de la desinstalación a la extinción


CAPITULO VI

Pueblos Originarios
Movimientos indígenas con mayor poder de empoderamiento y de resistencia


CAPITULO VII

Medios de Comunicación
Políticas de comunicación y TV Digital en Chile: la agenda por omisión


CAPITULO VIII

Ciudad y Reconstrucción
Las luchas urbanas y la ciudad subsidiaria. Las políticas de vivienda de Sebastián Piñera, marzo-septiembre 2011


CAPITULO IX

Medio Ambiente
Descontento ciudadano frente a política ambiental: el estallido de Hidroaysén
Flavia Liberona


PRESENTACIÓN

Las tensiones entre mercado y Estado -empresarios e interés colectivo subieron de intensidad en este período.
 
Entre la vuelta de vacaciones y la instalación de la mesa de diálogo con los estudiantes, la atención del gobierno estuvo fundamentalmente centrada en cómo enfrentar la multiclasista e intergeneracional movilización encabezada por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), la que cuestionó las bases de la organización económica y política del país. Asediado por una insatisfactoria gestión, el aumento del disenso en la Alianza y el derrumbe de su aprobación pública, el Ejecutivo se vio obligado a incrementar la presencia de históricos líderes UDI en su gabinete. Sin un diseño público claro, continuó su política de protección de los consumidores y privatizaciones, y propuso reformas políticas parciales escabullendo el cambio efectivo del binominal. En su entorno se reiteraron los conflictos de interés, la mala conducta empresarial y los proyectos amenazadores del medio ambiente. La relación del gobierno con la oposición parlamentaria fue errática y la Concertación vivió sus peores momentos internos y frente a la ciudadanía.

En este contexto político la evolución positiva de los indicadores económicos resultó más transitoria de lo que se esperaba. En julio y agosto el crecimiento se desplomó desde 7% a 4% anual, y el mercado laboral continuó siendo estrecho y las remuneraciones se estancaron, echando un balde de agua fría al optimismo futuro. La reconstrucción fue lenta y la ejecución presupuestaria débil, de modo que la incertidumbre no sólo se incrementó por la crisis financiera global, sino también por los riesgos que afectan a pequeños accionistas y trabajadores en sus fondos de pensiones.
 
Dificultades similares se observaron en materia de política social. Las extraordinarias ganancias de la ISAPRES junto con las alzas de precios de sus planes, la ley corta y el proyecto de ley que reforma el sistema de salud abrieron el debate sobre este derecho y el lucro en el sistema. En el área previsional las rentabilidades para los últimos seis años pusieron un signo de duda sobre el futuro de quienes están por jubilar. Estos problemas mostraron la crisis del modelo mercadista en la provisión de educación, salud y protección social, reabriendo la discusión tanto en el gobierno como en la oposición sobre la construcción de un moderno Estado de bienestar.
 
La atención pública centrada en la movilización estudiantil y sus demandas, silenció los temas de género, pueblos originarios y comunicación, ante lo cual el gobierno sacó partido. Así, los derechos y situación de la mujer perdieron su condición de sujeto prioritario de la política pública y las iniciativas presentadas apuntaron a la familia, núcleo idealizado, homogéneo y armónico, con el cual se intenta fusionar la imagen de la mujer-madre-trabajadora, aliada incondicional de la gestión estatal. Desde la perspectiva de género se observó la progresiva pérdida del liderazgo institucional de Sernam y sus temas originarios han terminado desapareciendo de la agenda gubernamental. Con todo, desde el Congreso se observó una nueva energía concertacionista al reabrir el debate valórico en torno al aborto terapéutico.
 
De igual forma, la situación de los pueblos indígenas quedó subsumida en la dinámica de la movilización estudiantil aun cuando lograron estar presente en la calle, donde diversos grupos de indígenas y no indígenas expresaron sus demandas por justicia, territorio y autodeterminación, así como en la organización de una Federación propia incluida como actor en las demandas estudiantiles
 
Otra silenciosa gestión se ha observado en la transición hacia la televisión digital terrestre, desarrollada desde una perspectiva tecnocrática y evitando el debate sobre qué modelo de TV se le quiere dar al país y cuan garantizado debe estar el derecho a la comunicación. Con todo, organizaciones de la sociedad civil 8 pudieron presentar algunas propuestas al Senado y al gobierno al respecto, pero sin seguridad que estas serán escuchadas.
 
A diferencia de estos silencios, el ámbito urbano estuvo tan agitado como el estudiantil. Más de 70 protestas en diferentes ciudades del país organizadas por movimientos y organizaciones sociales configuraron un espacio de conflicto asociado tanto a la reconstrucción subsidiaria, como a la caritativa, impulsadas también por la incapacidad del Estado subsidiario para asegurar el derecho a la vivienda y evitar el manejo patrimonial del Minvu en los meses posterremoto, período en el cual las tareas de la reconstrucción habrían requerido una institución fuerte, efectivamente protectora de los bienes públicos.
 
Igualmente conflictivos han sido los temas ambientales. Junto con el envío de un proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y otro para crear el Servicio Nacional Forestal, se aprobaron los proyectos Mina Invierno en Isla Riesco (Magallanes) y la central termoeléctrica Castilla (Atacama), pese al amplio rechazo ciudadano que incluso alcanzó a la posible instalación de centrales nucleares. La contaminación de la escuela de La Greda en la bahía de Quintero, la aprobación de los proyectos termoeléctricos Pacífico y Patache (Iquique) e HidroAysén, coexistió con la aprobación del Convenio UPOV 91. Todos estos conflictos han demorado la elaboración de propuestas ciudadanas para una nueva matriz eléctrica.
 
En el campo de la cultura se ha continuado dándole protagonismo al sector privado con el proyecto que modifica la Ley de Donaciones Culturales, el que ampliaría el tipo de exenciones y actividades para apoyar. Por el contrario, cuando se trata de darle un perfil más nítido a la acción del Estado, como sería la creación del Ministerio de la Cultura y el Patrimonio o el establecer una buena relación con los funcionarios del Consejo Nacional de Cultura, las cosas no han avanzado de misma forma. Las posibles acusaciones de fraude por parte de la Contraloría complicarían aún más la gestión cultural del gobierno desde el Estado.
 
La dinámica política que se abrirá junto al inicio del próximo período electoral estará estrechamente ligada a los temas puestos por los estudiantes, quienes cambiaron radicalmente el escenario político nacional. La masiva aprobación de sus planteamientos abrió un nuevo espacio para una propuesta política progresista. La posibilidad 9 de una mayor democratización del país dependerá de la capacidad de la oposición para reorganizarse y proyectar creativamente esta energía. En el peor de los casos, las banderas de lucha estudiantil han redefinido la dinámica política nacional y pareciera que están para quedarse.



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