Corporación de Estudios Sociales y Educación
Santiago de Chile, miércoles 18 de septiembre de 2019

Declaración ante la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe


Preámbulo


Convencidos que la participación de la sociedad civil debe ser uno de los componentes básicos para lograr unas relaciones más equitativas y solidarias entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, los representantes de más de un centenar de organizaciones ciudadanas de las tres regiones, nos hemos reunido en el II Foro Euro-latinoamericano-caribeño de la Sociedad Civil celebrado en Pátzcuaro, estado de Michoacán, México, para hacer propuestas y recomendaciones a la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Guadalajara, Jalisco, México, entre los días 28 y 29 de mayo de 2004.


Convocados por la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP), el Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL), la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Iniciativa de Copenhague para Centro América y México (CIFCA), Eurostep, Grupo Sur europeo, y las organizaciones mexicanas Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (ANEC), DECA Equipo Pueblo, Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) con la colaboración de 11.11.11 (Bélgica), CordAid, Hivos, ICCO y Novib (Holanda), la Comisión Europea, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Gobierno del estado de Michoacán, las organizaciones participantes en el II Foro, queremos plantear a los gobernantes de la Unión Europea, América Latina y el Caribe la necesidad de que la III Cumbre permita avanzar de manera significativa en la concreción de una Asociación Estratégica más justa, democrática y solidaria para nuestras regiones. Para ello demandamos a los Jefes de Estado y de Gobierno que se reunirán en Guadalajara, tengan en cuenta las siguientes consideraciones:




Considerandos
La persistencia de la pobreza tiende a ser endémica en América Latina y el Caribe (ALC) y constituye un grave obstáculo para el logro de la igualdad. Luego de una “década perdida” para el desarrollo, y otra de “crecimiento con desigualdad”, la pobreza en ALC se ha convertido en un problema de exclusión para más de doscientos millones de personas que no encuentran en las tendencias de la economía ninguna fuerza integradora, ninguna señal evidente de que el fenómeno podrá ser superado en el corto o mediano plazo.

Las democracias en ALC han permitido esta escandalosa desigualdad social, la inequidad, la subordinación de las soberanías y la corrupción.

El modelo económico neo-liberal centrado en las privatizaciones y en la apertura comercial y financiera sin regulaciones ha profundizado el empobrecimiento y la exclusión social, y se han creado condiciones para una mayor conflictividad y rupturas que amenazan la cohesión social y la seguridad de las personas.

La pobreza es una violación masiva y estructural a los derechos más elementales de las personas. Es hora de hacer un viraje a fondo en las políticas financieras y económicas condicionadas por los organismos multilaterales que han devastado las estructuras productivas de nuestros países y han profundizado la desigualdad social. Es hora de superar la disociación entre las políticas económicas y las políticas sociales.

La mejor política contra la pobreza es aquella que estimula la creación de empleos dignos, que asegura salarios justos, que promueve la reforma agraria y la inversión en el campo y que genera una inserción justa de los países en el comercio internacional.

Es hora de acabar con el problema de una deuda externa injusta e inmoral que ahoga el futuro de nuestros pueblos.

Desde nuestra perspectiva, la cohesión social sólo será posible desde la práctica de una democracia sustantiva que se base en la real participación social y en la realización efectiva de los derechos humanos, integralmente considerados, afirmando el derecho colectivo a la justicia y al desarrollo sostenible.

Es por ello que creemos que la Asociación Estratégica entre la Unión Europea (UE) y ALC debe estar orientada a la erradicación de la pobreza, la exclusión social y la superación de toda forma de discriminación y, en este sentido, a ir creando las condiciones para la inclusión social y la afirmación del Estado de Derecho y Solidario en nuestros países.

Esta Asociación Estratégica ha de tomar en cuenta las asimetrías económicas y sociales de nuestras regiones para arribar a acuerdos viables y corresponsables. La afirmación de la supremacía de los derechos humanos está en el centro de nuestra visión sobre el desarrollo y la democracia tal como es reconocida en el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas. Por ello, los acuerdos de libre comercio, el diálogo político y la cooperación internacional deben tener en cuenta este principio mayor.

La Asociación Estratégica de nuestras regiones debe fortalecer el multilateralismo y reafirmar el respeto a la Carta de las Naciones Unidas en estas horas de recrudecimiento de los fundamentalismos, las guerras unilaterales e injustas y de acciones terroristas que condenamos y con cuyas víctimas nos solidarizamos.

Queremos afirmar enfáticamente la responsabilidad principal de los Estados como garantes de los derechos humanos, de la seguridad de las personas y de la inclusión social. Por ello reafirmamos nuestro compromiso por recuperar la responsabilidad pública del Estado.

El cumplimiento de esta responsabilidad y una mayor calidad de nuestras democracias demandan una amplia y corresponsable participación de la sociedad civil en los asuntos públicos y, en particular, en todos los acuerdos internacionales de los gobiernos. Para ello se deben establecer mecanismos efectivos y transparentes afirmando el estatuto de observación, monitoreo y consultoría para las organizaciones de la sociedad civil en las diversas cumbres y conferencias internacionales.

En nuestro II Foro identificamos diez temas centrales en los que como sociedad civil hemos venido trabajando y gestando alternativas y respuestas. Desde esta experiencia planteamos las siguientes propuestas a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.

Propuestas 1. Integración regional y cohesión social
– Los procesos de integración regional deben fortalecerse como un elemento clave para una relación birregional que contribuya a la cohesión social.
– La participación de la sociedad civil debe ser incorporada de manera efectiva en los procesos de integración regional, en el marco de los Acuerdos de Asociación así como en las propias Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno. Para ello es necesario el acceso oportuno a la información, el desarrollo de consultas y la respuesta a las solicitudes de la ciudadanía que den posibilidades ciertas de incidencia en los procesos de toma de decisiones. Los Estados deben financiar, apoyar y promover el fortalecimiento de las capacidades de los ciudadanos en los procesos de integración regionales y birregionales.
– Para que los Acuerdos de Asociación entre la UE y los países y bloques regionales de ALC sean un instrumento que contribuya a su desarrollo, es imperativo su rediseño para incorporar el reconocimiento de las asimetrías, lo que implica la inclusión de cláusulas relativas al trato preferencial y diferenciado, la exclusión de sectores sensibles de la economía, fondos compensatorios y la salvaguarda de la autonomía estatal en el manejo de la economía de los países. Igualmente el componente de la cooperación debe ser reformulado para que sea consistente con el objetivo de la cohesión social.
– Se requiere incorporar una concepción de la competitividad que sea coherente con la cohesión social, lo que implica desarrollar marcos regulatorios nacionales, transferencia tecnológica sustentable, el desarrollo y financiamiento de estructuras productivas.
– En relación con la implementación de la Iniciativa Social prevista en la Estrategia Regional para América Latina (2002-2006), se deben contemplar las particularidades sub-regionales, dar una efectiva participación a la sociedad civil, así como el desarrollo de estrategias creativas que promuevan la inclusión social. Los desafíos planteados para que la Iniciativa Social pueda tener un impacto real en la promoción de la cohesión social en ALC requieren de recursos ajustados a su magnitud.
– Animamos a que se desarrolle y consolide la constitución de un Fondo de Solidaridad Birregional tal como ha sido propuesto por el Parlamento Europeo, que permita atenuar los costos de los cambios necesarios para el desarrollo, promueva la equidad social y la transformación productiva. Este Fondo debe incorporar la participación de las tres regiones en su diseño, planificación, monitoreo y evaluación junto con la sociedad civil.
– Este Fondo de Solidaridad debe constituirse sobre la base de los siguientes fundamentos: asociación, apropiación, descentralización, participación y no condicionamiento de la ayuda.

2. Comercio, inversiones y deuda externa

– De cara a las negociaciones en el ámbito multilateral, la relación UE-ALC debe promover mecanismos transparentes y democráticos de negociación y decisión, tanto en la OMC como en las negociaciones financieras internacionales; lograr avances concretos en la agenda de desarrollo de Doha, excluyendo los temas de Singapur; y permitir alcanzar una mayor estabilidad financiera internacional.
– Retomar y concretar la propuesta de la tasa Tobin para gravar los capitales financieros reorientando recursos al desarrollo social y al fortalecimiento de los mercados internos.
– Una política exterior de la UE coherente con sus políticas internas de integración y cohesión social exige que en los acuerdos de asociación con los países latinoamericanos y caribeños se aplique el principio de trato especial-diferenciado, especialmente para los países de menor desarrollo relativo, reconociendo las asimetrías existentes.
– Resulta necesario que en los acuerdos de asociación se incorporen los mismos criterios que regulan el comercio y la inversión privada en la UE para la generación de empleo digno, la protección social y el acceso universal a los servicios básicos.
– Es imprescindible que el tema de la deuda externa reciba un tratamiento prioritario en el diálogo político entre la UE y ALC, y que nuestras regiones promuevan una conferencia mundial sobre la deuda y la creación de un tribunal internacional de arbitraje para su renegociación o condonación.
– Rechazar la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes y medidas contrarias al Derecho Internacional y el comercio mundial, así como la utilización de medidas correctivas unilaterales y exigir su eliminación.
– Los Estados de nuestras regiones deben cumplir con los compromisos asumidos en la Cumbre de Monterrey sobre la Financiación al Desarrollo Sostenible (Consenso de Monterrey) y la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo.
– Los países de la UE deben contribuir con el 0.7 % del PIB para la cooperación al desarrollo con un calendario definido, con el objetivo central de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y el desarrollo sostenible. La cooperación debe enfatizar el desarrollo integral de los DESC.

3. Vigencia, justiciabilidad y exigibilidad de los DESC y la cohesión social
– Debe abrirse un diálogo político entre las regiones para la aplicación de los instrumentos internacionales y la protección de los derechos humanos en su integralidad e interdependencia, impulsar el Protocolo del Pacto Internacional de DESC y las normas de las Naciones Unidas sobre las responsabilidades de las empresas en la esfera de los Derechos Humanos aprobadas por la Subcomisión de derechos humanos de la ONU.
– Aplicar la Cláusula democrática, con una dimensión positiva: exigibilidad y aplicabilidad desde una perspectiva integral de derechos humanos, con reciprocidad y mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil tanto de los países como de las regiones.
– Reconociendo la relación entre pobreza y la violación de los derechos humanos, promover un instrumento internacional que permita avanzar en la deslegitimación del hambre y la pobreza que conduzca a su abolición como en su momento sucedió con la esclavitud.
– Los gobiernos de las regiones deben promover la estandarización de normas a nivel de cada Estado y en sus compromisos interestatales para evitar la impunidad frente a violaciones de derechos sociales, económicos, culturales y colectivos.
– Debe haber un compromiso claro en las regiones para no criminalizar la protesta social y dar todas las garantías para su expresión.

4. Las políticas de inclusión para la mujer y sus efectos sobre la cohesión social
– Hacemos un llamado para evitar retrocesos en los derechos humanos de las mujeres ante la emergencia de ofensivas neo-conservadoras que deslegitiman los avances logrados y renuevan la violencia de género.
– Para lograr una mayor cohesión social, es necesario eliminar las desigualdades en el acceso de las mujeres a oportunidades de educación, salud y empleo.
– Toda política pública debe incluir las siguientes dimensiones: perspectiva de género, transversalidad, reconocimiento de la multiculturalidad y la diversidad. Contribuir al empoderamiento de las mujeres para lograr las condiciones necesarias de autonomía y control sobre sus vidas que permita la realización práctica de una ciudadanía plena.
– Promover la inclusión de las mujeres en los procesos de decisión publica, desde niveles comunitarios hasta las esferas superiores legislativas y gubernamentales.
– Es indispensable que todo acuerdo de asociación tome en cuenta los impactos diferenciados por género e incorpore en el diálogo político a las organizaciones de mujeres que promueven sus derechos.
– Establecer medidas para hacer visible el accionar de las mujeres, abriendo apartados específicos en los informes sociales y económicos, separando por sexo las estadísticas, e incorporando el trabajo doméstico como actividad económica.
– En el marco de la asociación estratégica entre la UE y la región de Latinoamérica y el Caribe, realizar un balance regional de las políticas dirigidas a lograr la equidad de género; Incorporar la perspectiva de género en los acuerdos de cooperación y realizar encuentros inter-regionales para diseñar propuestas comunes.

5. Tierra, soberanía alimentaria y agricultura familiar
– Para promover la cohesión social en el medio rural es necesario que los gobiernos impulsen y profundicen los procesos de reforma agraria integral. Asimismo se requieren políticas de desarrollo para los pequeños y medianos productores, instrumentando programas articulados de vivienda, alimentación, educación y salud para combatir la pobreza rural.
– Reorientar y diseñar programas institucionales para el pago de servicios ambientales que generan los campesinos, indígenas y afrodescendientes en el uso, manejo y protección sustentable de los recursos naturales.
– Desarrollar a largo plazo en ALC un modelo de integración que permita reducir las asimetrías entre el campo y la ciudad y entre regiones rurales respetando la multifuncionalidad de la agricultura campesina, indígena y afrodescendiente.
– Cumplir los compromisos de eliminar prácticas desleales de comercio a través de subsidios internos que respaldan precios de exportación de los países desarrollados.
– Que en los acuerdos de asociación se preste especial atención a la capacitación, asistencia técnica y acceso al crédito de las organizaciones de pequeños y medianos productores agrícolas.
– Garantizar la soberanía alimentaria excluyendo del proceso de liberalización comercial los productos estratégicos para la alimentación de los países en desarrollo.

6. Las políticas de inclusión para los indígenas y afrodescendientes
– Reconocer el carácter multiétnico, multilingüe y pluricultural de nuestras sociedades para implementar políticas de inclusión social y participación efectiva en el desarrollo de nuestros pueblos.
– Ante el rezago en el cumplimiento de los derechos elementales de las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes, es indispensable que los gobiernos de ALC y la UE realicen las acciones necesarias para su desarrollo.
– Garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes sobre sus territorios y sus recursos naturales, así como el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, mestizos y afrodescendientes.
– Exigir el respeto a los derechos básicos de las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes, en particular la ratificación del convenio 169 de la OIT.
– Incorporar una visión de la interculturalidad con un enfoque no sólo cultural sino que abarque una visión global, es decir política, económica y social, con lo cual se refuercen los procesos autonómicos de las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes que se están produciendo en la región.
– Denunciar y rechazar la manipulación que ocasionalmente se hace sobre las demandas y necesidades de las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes como mecanismo para atraer recursos de cooperación y que son canalizados a través de gobiernos o de agencias, convirtiéndose en instrumento de corrupción y de manejos demagógicos; es necesario establecer mecanismos integrales de control y con una visión más completa de la problemática.
– Exigir que no se excluyan a las comunidades y los pueblos en el diseño de programas de desarrollo y de tratados internacionales de comercio e inversión que los involucra o afectan; en particular se rechaza el llamado Plan Puebla Panamá por esa razón.
– Garantizar el derecho y el usufructo colectivo de las comunidades y los pueblos sobre la tierra y sus recursos naturales, así como el respeto al derecho y la autonomía de las comunidades indígenas y mestizas, y los pueblos afrodescendientes, para decidir el mejor aprovechamiento de sus recursos. -Se demanda el tratamiento transversal de la situación de los afrodescendientes y la adopción e implementación de políticas afirmativas para promover su plena inclusión económica, política y social.

7. La interrelación entre democracia, lucha contra la corrupción y justicia para la cohesión social
– Reconocer a los actores de la sociedad civil como participantes y co-responsables en el desarrollo y desempeño de las políticas públicas en materia de lucha contra la corrupción y la promoción de la cohesión social.
– La institucionalización de estos espacios de participación podrá asegurar la efectividad de la incidencia de la sociedad civil en las políticas tendientes a lograr una mayor cohesión social.
– Los gobiernos de nuestras regiones deben emprender acciones concretas para erradicar la corrupción, penalizar la evasión fiscal, reglamentar el flujo de capitales y combatir el blanqueo de dinero.
– Debe homologarse el delito de enriquecimiento ilícito en todas las naciones, trátese de personas físicas o jurídicas, eliminar el secreto bancario y establecer penalizaciones más severas contra funcionarios ligados a delitos de corrupción.
– Establecer a nivel internacional marcos legales e institucionales para la penalización y erradicación de la corrupción impulsando instancias de denuncia y monitoreo con la participación de la sociedad civil.
– Erradicar la impunidad de los perpetradores de violaciones a los derechos humanos a través de la ratificación de la Corte Penal Internacional.
– Para promover la inclusión social y el pleno goce de los derechos ciudadanos, los gobiernos de nuestros países deben garantizar el acceso a una justicia imparcial y transparente sin importar la condición social, racial o sexual de las personas.

8. La responsabilidad del Estado en la lucha contra la exclusión: política fiscal y políticas de redistribución de la riqueza.
– Los gobiernos de nuestras regiones deben modificar la legislación tributaria con criterio social para avanzar en la redistribución de la riqueza. Para ello se deben realizar reformas fiscales que modifiquen las actuales estructuras de tributación y gasto, orientadas a obtener impuestos de los que tienen mayores ingresos.
– Los países de la UE deben ser coherentes y no demandar a los países de América Latina y el Caribe la eliminación de cargas impositivas y de regulaciones para favorecer a sus empresas.
– Los indicadores de medición de la pobreza deben tener como horizonte la calidad de vida y la equidad y no sólo la superación de la miseria o indigencia. Por ello sugerimos retomar los indicadores construidos por la CEPAL y no el indicador de un dólar diario como lo ha propuesto la Cumbre del Milenio.

9. Informalidad, maquila y empleo digno
– Para la generación de empleos dignos debe asumirse el respeto irrestricto de los acuerdos en materia de derechos humanos, en los que se incluyen los derechos laborales incorporados en los convenios suscritos con la OIT. En el establecimiento de derechos laborales debe seguirse el principio de igualdad de derechos ante igualdad de trabajo, entendiendo en aquellos a los relacionados con las remuneraciones, libertad de asociación y sindicalización, perspectiva de género y no discriminación.
– La implantación de empresas maquiladoras debe sujetarse a la lógica de la sustentabilidad y compromiso social, que tenga capacidad para prevenir afectaciones nocivas, respete límites y capacidades, incluyendo el de la reproducción, así como que responda compensatoriamente y de manera inmediata ante desviaciones o daños causados.
– Las zonas francas no pueden seguir siendo territorios para garantizar inversiones que violentan los derechos humanos, en particular los derechos laborales como sucede con las maquilas. Estas inversiones tienen que pagar impuestos destinados a la inversión social.
– Debe promoverse la Responsabilidad Social de las Empresas, basada en la suscripción de compromisos de acciones específicas, así como implementar mecanismos de evaluación y certificación de su cumplimiento.
– Revisar y fortalecer los instrumentos de que se dispone para el ejercicio de la protección de derechos de los consumidores, haciéndolos realmente efectivos. 10. La nueva emigración latinoamericana y su impacto económico y social
– Incluir en la agenda de la Cumbre, y a futuro en el marco del diálogo político, en las relaciones económico-comerciales y en la cooperación entre la UE y ALC el tema migratorio de una forma corresponsable, y buscar soluciones multilaterales a un fenómeno viejo, pero con rasgos de nuevo tipo, que tomen en cuenta la participación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con y por los inmigrantes.
– Reconocer la importancia del fenómeno migratorio latinoamericano hacia Europa y revalorizar su aporte, luchando contra la delincuencia organizada que trafica con personas y despenalizando y dignificando la situación de sus víctimas
– Deberá garantizarse la posibilidad de emigrar a través de la gestión común de los flujos migratorios.
– Diseñar un plan de acción conjunto ALC-UE para armonizar las leyes de extranjería al estándar más alto de protección y respeto de los derechos humanos de los migrantes.
– Hacer acuerdos que fomenten el retorno voluntario acompañado y los programas de inserción social y productiva de los emigrantes a sus países de origen.
– Desarrollar políticas públicas respecto de los migrantes, tanto en los países de donde proceden en los de arribo que incluyan, por ejemplo “Programas huéspedes”, atención durante el tránsito, la generación de fondos tanto en los países de origen como de llegada de los emigrantes, etc.
– Prestar una particular atención a la problemática de las mujeres migrantes haciendo un llamado a los gobiernos de la UE para la defensa de los derechos humanos, particularmente laborales y de seguridad, de las mujeres migrantes que llegan al continente europeo teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y exposición a situaciones de violencia y explotación laboral y sexual.
– Promover acuerdos de reciprocidad para el voto de los inmigrantes en los países de destino, y asegurar el ejercicio del derecho de voto en sus países de origen
– Promover y apoyar el mantenimiento de los vínculos de los migrantes con sus países de origen aún cuando hayan optado por la nacionalidad en el país de llegada. Incluir el apoyo a tales vínculos en el marco de la cooperación birregional.
– Crear Observatorios de la Migración, tanto en los países de origen como de arribo para obtener datos actualizados y creíbles de la migración de ALC en Europa. Pátzcuaro, Michoacán, 26 de marzo de 2004

REDES Y ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPANTES

1. Redes latinaomericanas, caribeñas y europeas: Redes Latinoamericanas y Caribeñas:
– ALOP, Asociación Latinoamericana de Organizacines de Promoción
– CAFRA, Caribbean Association for Feminist Research and Action
– CEAAL, Consejo de Educación de Adultos de América latina
– CLADEM, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
– CLAJ, Comunidad Latinoamericana de Juventudes
– RID, Red Interamericana por la Democracia
– PIDHDD, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, democracia y Desarrollo.

Redes Europeas:
– CIFCA, Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México
– EUROSTEP, European Solidarity Towards Equal Participation of People
– Grupo Sur europeo

2. Redes Internacionales
– FIDH, Federación Internacional de Derechos Humanos

3. Organizaciones nacionales:
Argentina
– ENCUENTRO
– Red de Entidades No Gubernamentales de Desarrollo Belize:
– CAFRA National Representative

Bélgica:
– Coalición Flamenca para la Cooperación Norte-Sur 11.11.11.
– Kwia/CIFCA, Grupo de Apoyo para los Pueblos Indígenas

Brasil:
– ABONG, Asociación Brasilera de ONGs
– FASE, Federación de Organos para la Asistencia Social y Educacional
– REBRIP, Red Brasilera para la Integración de los Pueblos
– INESC, Instituto de Estudios Socioeconómicos

Bolivia:
– UNITAS

Chile:
– Acción Chile, Asociación Chilena de ONG’s
– CELARE, Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa
– JUNDEP, Corporación Privada de Desarrollo Social
– SUR, Corporación de Estudios Sociales y Educación
– Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Cuba:
– Centro de Estudios Europeos

Ecuador:
– CAAP, Centro Andino de Acción Popular
– FENOCIN, Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras

El Salvador:
– Corredor del Diálogo Mesoamericano
– FUNDE, Fundación Nacional para el Desarrollo

España:
– IEPALA, Instituto de Estudios Políticos para América Latina y Africa
– MPDL, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
– Universidad Complutense. Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Departamento de Cooperación y Desarrollo

Francia:
– Terre des Homes-Francia

Guatemala:
– CALDH, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos
– CONGCOOP, Coordinadora de ONGs y Cooperativas
– Centroamérica por el Diálogo
– CAD
– Movimiento Tzuk Kim-pop
– Mesodiálogo Guatemala

Holanda:
– ICCO, Interchurch Organisation for Development Co-operation

Honduras:
– Afro-América XXI

Italia:
– Terra Nuova-Italia

México:
– Agenda Ciudadana
– Alianza Cívica
– Asociación de Usuarios del Canal Zacapeando A.C., Michoacán
– ANAD, Asociación Nacional de Abogados Democráticos
– ANEC, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, A.C.
– CANVI A.C.
– CELAG, Centro Latinoamericano de la Globalidad
– CENCOS, Centro Nacional de Comunicación Social, A.C.
– CEMIF, Centro Michoacano de Investigación y Formación Vasco de Quiroga A.C.
– Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
– Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos/FIDH
– Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia
– CREFAL, Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe
– CROC, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
– DECA Equipo Pueblo
– Defensoría del Derecho Indígena, Michoacán
– Ecomorelia A.C.
– Estudios y Proyectos Ecológicos y Sustentables, S.C
– FAT, Frente Auténtico del Trabajo
– FORO para el Desarrollo Sustentable, A.C. (San Cristobal de las Casas, Chiapas)
– Incide Social
– Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social A.C.
– Instituto Maya
– MCD, Movimiento Ciudadano por la Democracia
– Milenio Feminista
– Moicam- OIDHO
– NIPANI A.C.
– Promotora Purepecha
– RMALC, Red Mexicana de Acción Ante el Libre Comercio
– Red Nacional de Género y Economía
– SEDESO-Michoacán
– Sindicato Mexicano de Electricistas
– Sociedad Cooperativa Marku Anchekoren de la Mesa Purepecha S.C.L
– Subcomité estatal de apicultura A.C., Michoacán
– UNT, Unión Nacional de Trabjadores

Nicaragua:
– Fundación Humboldt

Panamá:
– PRODESO, Programa de Promoción y Desarrollo Social
– Universidad de Panamá Paraguay:
– POJOAJU, Asociación de ONGs del Paraguay

Perú:
– Propuesta Cudadana
– CEDAL, Centro de Asesoría Laboral del Perú

Suecia:
– Forum Syd (Centro Sueco de Ongs para el Desarrollo)

Uruguay:
– ANONG, Asociación Nacional de ONGs
– CCU, Centro Cooperativista Uruguayo
– CLAEH, Centro Latinoamericano de Economía Humana Venezuela:
– PROVEA, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
– CESAP, Grupo Social Centro al Servicio de la Acción Popular



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