Por Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes | CRÍTICA URBANA N.13
“Desde el enfoque del derecho a la ciudad, compartimos estas notas sobre: i) la expansión de tecnologías de información y comunicación en la ciudad, en lo que va del siglo XXI; ii) su instalación en la vida doméstica urbana, en el tiempo de la pandemia; iii) la gratuidad de la oferta a los usuarios como estrategia de extracción de grandes volúmenes de información; y iv) pistas de resistencia y poder ciudadano ante el poder informático.”
Desde la primera década de los años 2000, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han inundado las ciudades a paso agigantado. Con nombres como Ciudades Inteligentes, Ciudades Conectadas, Ciudades en Tiempo Real y otros similares, las grandes empresas de información venden una fantasía tecnológica urbanística a los gobiernos locales y nacionales. Sus hardwares y softwares se comercializan y sirven para registrar, procesar y modelar datos de lo que ocurre en las ciudades. Se publicitan como capaces de facilitar a los gobiernos de las ciudades una administración más eficiente de los servicios públicos, de los sistemas de transporte, de la seguridad pública y del control policial de la ciudadanía.
La inundación
En la segunda década, con los teléfonos inteligentes y múltiples plataformas de comunicación, las tecnologías de la información se han desplegado en la ciudad. En Santiago de Chile, la flota de automóviles Uber es mayor que la de taxis tradicionales y llega a barrios donde los taxis no se atreven a entrar. AirBnB abrió el arriendo de casas, departamentos o cuartos al turismo masivo y, de paso, transformó y puso al alza el precio del suelo y de las viviendas en la ciudad. Las agencias de viajes están en desuso. Ya no hay que ir al cine para ver películas –aunque esto viene desde antes–. Los kioscos, sus periódicos y revistas lentamente desaparecen, sustituidos por las ediciones digitales. Sobre todo, las redes sociales se instalan como el gran canal de información y comunicación en línea.
Existen numerosas aplicaciones para racionalizar servicios urbanos. Basta entrar a internet para encontrar experiencias en diversas ciudades del mundo; un catálogo que cubre cientos de casos que conectan productores y clientes, sistemas de provisión de servicios municipales, de prevención de delitos, entre otros. Prácticas que pueden ser replicadas en todas las ciudades, sea para la disponibilidad de espacios de estacionamiento, servicios de lavandería, entrega de encomiendas, viajes acompañados y conversados. Estas tendencias están conformando una ciudad diferente en cuanto a usos, desplazamientos, conexiones, comercio, control policial, precarización y fragmentación del trabajo.
La pandemia
En los meses de la pandemia del coronavirus, esta ola ha crecido. El confinamiento, la cuarentena, influyen en el incremento de aplicaciones, especialmente para la comunicación entre personas aisladas, sus familias y entre las amistades de siempre; también para mantener funcionando a distancia gran parte del sistema escolar, universitario y técnico; y para la implantación del teletrabajo en empresas privadas y servicios públicos. El comercio por internet –publicitar, elegir, comprar, distribuir, entregar, recoger y cambiar– se ha disparado. En algunas ciudades, se han instalado controles sanitarios para la identificación facial, la detección de alzas de temperatura y posibles infecciones, o para la trazabilidad del virus a través del seguimiento de las personas en todos sus movimientos.
Si el uso de las apps ya era realidad en las ciudades, la pandemia las instaló de fijo y de lleno en la vida cotidiana, pero de manera desigual. En ciudades desde antes segregadas, fragmentadas social y económicamente, estas características se han reforzado.
La carnada
La invasión de las nuevas tecnologías se realiza por intermedio de la economía de la carnada[1]: son los propios usuarios los que generan datos que entregan gratuitamente a las empresas de información. La carnada es la oferta de un servicio gratuito, sea de acceso a internet, a videoconferencias, mapas y movilidad en la ciudad, uso continuo de celulares, o tarjetas de crédito. Se generan así inmensas bases de datos comerciables, construidas con información gratuita. Big data recoge datos múltiples sobre personas, sus perfiles, opiniones y opciones políticas, tendencias de consumo, salud, educación, ocupación y ocio.
El teléfono celular, del cual nadie se salva, es un generador permanente de información: permite registrar el desplazamiento de cada persona. Lugares, trayectos, conversaciones quedan registrados. Las encuestas de origen y destino son parte del pasado: basta el acceso a los registros de los desplazamientos de los suscriptores de teléfonos celulares. Esta información no es gratis. Así, big data y las TIC son parte del día a día en la ciudad, entre la especulación y la vida.
El derecho a la ciudad
El imaginario del derecho a la ciudad es la redistribución de la riqueza y de la información que generan sus habitantes, para avanzar hacia el buen vivir de todas y todos.
El sueño de la ciudad inteligente es la ciudad panóptico: un grupo de planificadores urbanos que, desde una gran sala de control, monitorean en tiempo real lo que ocurre en la ciudad y, de acuerdo a datos, toman decisiones que afectan la vida de las personas[2].
Entre ambos imaginarios –la vigencia de los derechos y la imposición de la vigilancia– se debaten las ciudades, y entonces cabe preguntarse ¿quién controla la información sobre las personas y la ciudad?[3]. La respuesta es clara: es un asunto de poder, de negocio, de conflictos, de uso de las tecnología[4].
En este contexto, las TIC, sustrayéndose del poder de los datos en manos de unos pocos, pueden ser instrumentos de resistencia y democratización. Un ejemplo reciente: el registro en vídeo del asesinato de George Floyd y su difusión por las redes sociales. La policía de Minneapolis no pudo ocultar el crimen. Esta TIC local se transformó en una reacción mundial contra el racismo. Ahora resulta más difícil actuar impunemente: las redes sociales permiten informar más rápidamente que los canales tradicionales.
Si el derecho humano a la intimidad y privacidad exige condenar el uso de información extraída sin consentimiento explícito de las personas, las TIC pueden ser instrumentos de empoderamiento ciudadano, a través del libre acceso a las bases de datos públicos.
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*** Las TIC están aquí. Al término de la pandemia, más arraigadas estarán. Está abierto el desafío de analizarlas y asumirlas en la construcción del derecho a la ciudad.
[1] Lins Ribeiro, Gustavo. 2018. “El precio de la palabra: la hegemonía del capitalismo electrónico-informático y el googleísmo”. Desacatos, no. 56: 16–33 (México). https://doi.org/10.29340/56.1875
[2] Kitchin, Rob. 2014. “The real-time city? Big data and smart urbanism”. GeoJournal 79: 1–14. https://doi.org/10.1007/s10708-013-9516-8
[3] Peugeot, Valérie. 2014. “¿Colaborativa o inteligente? La ciudad entre dos imaginarios”. URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales 6, no. 2: 63–81 [Papers]. http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/article/view/peugeot
[4] Borja, Jordi. 2015. “Smart cities: Negocio, Poder y Ciudadanía”. Publicado en Artículos en agosto 31, 2015. https://www.jordiborja.cat/smart-cities-negocio-poder-y-ciudadania/
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Nota sobre los autores
Alfredo Rodríguez, chileno, arquitecto y máster en planificación urbana. Director de SUR Estudios Sociales y Educación.
Ana Sugranyes, catalana, chilena y ciudadana del mundo. Arquitecta y doctora en políticas habitacionales, con larga trayectoria de cooperación internacional.
Ambos, con numerosas publicaciones sobre hechos urbanos y la vivienda protagonizada por sus habitantes; apoyando la articulación entre actores sociales, profesionales y académicos, en defensa de los derechos del hábitat.
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